La vida del pueblo pemón en el estado Bolívar no volvió a ser la misma desde el 22 de febrero de 2019. Ese día, en horas de la madrugada, recibieron un ataque del Ejército venezolano, con un saldo inmediato de una persona fallecida y 15 heridos.
Días después murieron otros tres indígenas, y en marzo del año pasado se registró una cuarta víctima de ese atentado. En total, fueron ocho los asesinados en los ataques militares entre el 22 y el 23 de febrero en Gran Sabana.
Cuando apenas empezaban a superar el miedo por la persecución contra ellos y sus líderes, el pueblo pemón enfrenta otro duelo. El año 2021 empezó con la noticia de la muerte de Salvador Franco, el pasado 3 de enero.
Llevaba meses enfermo con fiebre, diarrea y pérdida de peso. Para las autoridades de la cárcel Rodeo II, cercana a la ciudad de Caracas, donde estaba preso, no importaron las súplicas ni la orden que emitió el 27 de noviembre el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control, con competencia en casos vinculados al terrorismo en Caracas, para que fuera trasladado a un centro de salud.
La autopsia reveló que murió a causa de un edema cerebral, shock séptico y reacciones producto de tuberculosis y desnutrición.
El pueblo pemón está indignado, ya que se ha visto que el indígena pemón no vale nada para este gobierno, manifestó un habitante de la comunidad de Kumarakapay, quien prefirió no identificarse.
Casi 2000 dólares en traslado
El 6 de enero, los restos mortales de Salvador Franco llegaron a la comunidad de Kumarakapay para el entierro en su tierra ancestral. El coordinador de pueblos indígenas del Foro Penal, Olnar Ortíz, denunció que el Estado no se hizo responsable de gasto alguno para el traslado del cuerpo. Fueron la comunidad y familiares quienes, entre todos, recaudaron los fondos.
El habitante de Kumarakapay contactado por Crónica.Uno señaló que fueron casi 2.000 dólares los que tuvieron que recaudar para costear los gastos de traslado del cuerpo de Salvador Franco desde el estado Miranda hasta Bolívar.
Estamos en nuestra tierra luchando para que se haga justicia, son 528 años de resistencia. Le pedimos al mundo que nos ayude, dijo.
Salvador Franco y otros 12 pemones fueron encarcelados en el centro penitenciario Rodeo II, en Miranda, acusados de, presuntamente, participar en el asalto al Batallón 513 de Infantería de Selva y el Escuadrón 5102 de Caballería Motorizado, en el estado Bolívar, el 22 de febrero de 2019.
Superando el miedo
Desde la masacre del 22 de febrero de 2019, cientos de pemones huyeron de su tierra de origen. La mayoría se asentó en el estado fronterizo de Roraima, en Brasil.
En julio de ese año, la coordinación de pueblos indígenas del Foro Penal calculó que alrededor de 966 indígenas pemones fueron desplazados de su territorio de origen. Estos pertenecían a 14 comunidades del municipio Gran Sabana. Por lo menos 30 familias eran oriundas de Kumarakapay, y el resto de Maurak, Waramasen, San Antonio, Manakru y Paraitepuy de Roraima.
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“El pueblo pemón apenas estaba superando el tema del miedo. Nuestros líderes se han enfocado en mantener nuestra existencia en Kumarakapay, nuestra tierra. Unos se fueron por miedo y por la persecución, pero después de que la Comisión Internacional de Derechos Humanos sacó una medida cautelar para los indígenas, bajó un poco la tensión entre los militares y el pueblo. Somos pueblo de paz, tranquilos. Pedimos respeto hacia la comunidad”, sostuvo la fuente.
Ataques constantes
Zoraida García fue la primera víctima mortal del ataque del Ejército a Kumarakapay el 22 de febrero de 2019. Días después fallecieron Kliver Pérez, y Rolando García, este último, esposo de Zoraida. Ellos murieron en Boa Vista, adonde fueron trasladados por la precariedad en el hospital de Santa Elena de Uairén, Rosario Vera Zurita.
Al día siguiente, surgieron varias protestas de indignación por el ataque militar y en rechazo al cierre del acceso hacia la frontera con Brasil. El 23 de febrero de 2019, venezolanos esperaban con ansias el ingreso de la ayuda humanitaria, pero el Ejecutivo de Nicolás Maduro ordenó el cierre indefinido de las fronteras.
Esta vez fue la Guardia Nacional la que accionó sus armas en contra de civiles, con un saldo de tres asesinados. José Hernández, José Esley Pérez y José Barrios fueron las primeras víctimas del 23 de febrero. El primero estaba en la protesta en el Fuerte Escamoto (Escuadrón de Caballería Motorizada); los otros dos, en protestas en el pueblo de Santa Elena de Uairén, uno en el sector “las cuatro esquinas” y el otro en las inmediaciones de la sede la Guardia Nacional.
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