La ONG Centro para los Defensores y la Justicia de Venezuela denunció este martes que, durante abril, se registraron 115 transgresiones al derecho a la defensa y exigencia de derechos humanos, debido al «incremento de las restricciones al espacio cívico y democrático».
«El entorno para la defensa de los derechos humanos y la respuesta ante la emergencia humanitaria compleja, agravada por la pandemia de COVID-19, se vuelve cada vez más hostil y restrictivo para quienes defienden y exigen derechos en Venezuela», señaló la ONG en un informe que recoge los incidentes de abril.
Según el documento, el mes pasado se registraron 95 casos de estigmatización, seis de amenaza, seis de ataques digitales, cuatro de intimidación y hostigamiento, dos de detención arbitraria, uno de judicialización y uno más de «otros» tipos.
«Las organizaciones continúan siendo señaladas de vendepatrias, de producir noticias falsas y de mentirosas, así como también de recibir dinero para ello y generar psicoterror a la población, entre otros», detalló el comunicado.
Acusaciones y señalamientos
Asimismo, indicó que aumentaron las acusaciones a las acciones de las organizaciones y de las personas defensoras, al señalarlas de tener «fines desestabilizadores», «terroristas», o de «promover injerencia, invasiones o similares».
«Ante la profundización de la política de criminalización y el recrudecimiento de los patrones violentos y represivos», la ONG exhortó al Estado a cesar «de inmediato» las acciones enfocadas a «limitar y afectar la defensa y exigencia de derechos humanos».
El informe también detalló que se agudizaron las acciones dirigidas a criminalizar el trabajo de la promoción de los derechos humanos o a quienes brindan respuestas a la población más vulnerable afectada la pandemia por la COVID-19.
«Bajo un aparente manto legal, la representación estatal toma acciones tendientes a cerrar los espacios operativos de las organizaciones, estableciendo nuevos requisitos de forma ambigua y arbitraria, para su pleno funcionamiento legal», denunció.
La ONG concluyó que las acciones del Gobierno representan «un grave obstáculo» al trabajo de las organizaciones defensoras de derechos humanos y de trabajo humanitario. EFE
