Unas dos mil hectáreas, aproximadamente, del Parque Nacional Quebradas de la Cueva El Toro, en el estado Falcón, han sido taladas y quemadas para efecto agrícola ante lo que se considera uno de los mayores ilícitos ambientales en la entidad.
Esta situación ha generado malestar en los lugareños quienes han realizado las denuncias respectivas ante los organismos jurisdiccionales. El verdor que caracteriza este parque nacional ya no está en su esplendor. Zonas totalmente devastadas, es el panorama que muestra esta área bajo régimen especial (Abrae) desde hace casi 52 años.
El decreto como Parque Nacional se hizo el 21 de mayo de 1969, durante el gobierno de Rafael Caldera como presidente de la República. Es el parque más pequeño de todo el país con 4.885 hectáreas.
La situación no es nueva, «lleva años» dijo a Crónica.Uno un trabajador jubilado de Inparques «no hay gerencia de regularización y manejo del área».
Expropiaciones y títulos de tierra
Para la creación del parque nacional Quebradas Cueva El Toro durante 1969 se hicieron algunas expropiaciones con sus respectivas indemnizaciones.
Un total de 109 fincas estaban dentro de lo que actualmente es el Parque Nacional, localizado en la sierra de Falcón entre los municipios: Unión, Federación y Jacura. La mayoría de estos conucos fueron indemnizados. 15 de ellos aún permanecen dentro del parque y cinco están con actividades inherentes a la siembra y el pastoreo. Maíz, caraotas, parchita, ají y ganadería de semi Intermedio son las actividades agropecuarias que se visibilizan dentro del mencionado parque.
«Sabemos que esas familias están allí», dijo una fuente de Inparques, mientras que expertos en el manejo de áreas protegidas aseguran que desde 2004, las cosas comenzaron a agravarse «los ocupantes legales por mucho tiempo estuvieron controlados».
Aquellas 15 fincas que no fueron indemnizadas quedaron como ocupantes legales del parque hasta tanto el Estado resuelva la indemnización. Se desconoce si actualmente existe algún procedimiento administrativo para resolver esta situación.
Desde 2010 los residentes de las comunidades de La Taza, El Charal, Torito han estado haciendo las denuncias por la afectación tras la quema y la tala de áreas importantes del parque. En ese tiempo tampoco pasó nada.
Un trabajador del Instituto Nacional de Parques, quien pidió se reservará su identidad, explicó «ya en 2019 se contabilizaban entre 1220 a 1250 hectáreas del parque afectadas por la tala y la quema», esto es un cuarto del total del área bajo régimen especial.
Asimismo, aseguró que los guardaparques están al tanto que entre 2019 a 2021, a través del Instituto Nacional de Tierras (Inti), habrían entregado a través de cartas agrarias la ocupación de una hectárea hacia las comunidades El Pantano, Tomoro, Mata de Café y Carpita. Estás comunidades están ubicadas en la zona este del parque nacional.
La opacidad informativa no permitió corroborar este dato, que se convirtió en un sentir de los habitantes del municipio Unión. Lugareños mencionaron que los incendios en esa parte del parque nacional han sido significativos.
Según dos voceros de los campesinos en la entidad, quienes pidieron reservar sus nombres porque pertenecen a un colectivo agrario, el Inti ha entregado en Falcón desde 2019 hasta lo que va de 2022 más de 2000 cartas agrarias entre ellas en el sector La Peña del municipio Jacura dónde 27 familias fueron beneficiadas.
En un comunicado de prensa publicado en julio de 2020, en los municipios Monseñor Iturriza, San Francisco y Cacique Manaure, se otorgaron 2300 hectáreas para la producción agrícola y bovina a cinco colectivos de esas localidades. Hacia el oriente fueron 236 familias beneficiadas.
Impunidad o falta de acción gubernamental
Las familias de Santa Cruz de Bucaral, son unas de las más afectadas por la falta de agua potable, sobre todo en el centro del poblado pues el agua por tubería no llega desde la primavera pasada.
Paradójico por cuánto en sus tierras se encuentra el mayor curso de agua de Venezuela con unos 20 metros de altura: La Quebrada El Toro. En el sitio, según el Atlas Geográfico de Falcón, las aguas se embalsan en una superficie de 500 metros de largo. Las mismas son frías, profundas y turbias.
Pedro Bello, dirigente comunitario en la zona, mencionó a Crónica.Uno que «estamos preocupados por la contaminación de las aguas con tanto incendio. Nos están dañando las cuencas, no hay atención gubernamental con prontitud, reina la impunidad».
El parque nacional Quebrada Cueva El Toro recibe su nombre precisamente porque es atravesado por un afluente del río Tocuyo. Está formado por ceibas, samanes, cerrillos, aguacatillos entre otras especies que lo rodean.
Cueva El Toro igualmente está caracterizada por un sumidero de agua. Alimentado por el río El Toro y las microcuencas que provienen de la quebrada El Cambur, entre ambos son los responsables del agua de la parte sur del estado Falcón.
Con sus 1602 metros de longitud, el afluente peligra ante la tala indiscriminada y quema que lleva a la contaminación de las aguas. Dentro del mismo parque está la estación de bombeo de Hidrofalcón, (empresa filial de Hidroven).
«No dudamos que hay contaminación del agua porque no hay potabilización de las aguas que vienen del río Toro. No funciona el sistema de bombeo desde hace una década más o menos», dijo Pablo Camacho, (nombre ficticio de un extrabajador del parque).
Refirió que el agua llega a las comunidades por el sistema de explorado, esto es, que han instalado un bypass y se bombea hacia el casco del municipio Unión, en Santa Cruz de Bucaral el recorrido del agua es de 600 metros y no los 8 a 9 km de recorrido con el bombeo. Esto explicaría porque no se trabaja con el sistema de potabilización de la planta.
Detenidos por ratico
Hace 20 días se presentó un incendio en la parte norte del Parque Nacional Quebrada Cueva El Toro. Estaban deforestando para comenzar una siembra de maíz y caraotas, pues el ciclo se da una vez comiencen a germinar cuatro meses para la cosecha.
En ese momento, 12 personas resultaron detenidas por el incendio en la zona de El Tigrito, parte norte del parque. Se desconocen mayores detalles de la detención. Pero se le habrían imputado delitos contra el ambiente y estarían bajo régimen de presentación.
Esta situación motivó, según detalló el alcalde del municipio Unión, Julio Andrade, el concurso de todas las instancias involucradas. Días pasados se realizó una inspección in situ, con el propósito de establecer acciones conjuntas en cuanto a los casos de deforestación presentes en el estado, que están afectando las áreas protegidas de los embalses y el parque nacional Quebrada de la Cueva El Toro.
A estas acciones se ha convocado a Gustavo Lastra como fiscal 14 con competencia en ambiente. Se incluirá en las mesas subsiguientes al tribunal Agrario y al Inti.
Andrade, como autoridad local, ha conformado un equipo para analizar, estudiar y evaluar lo que ocurre dentro del Parque Nacional. La misma está dirigida por el experimentado guardaparques y excoordinador del mismo Douglas Camacaro.
«Sabemos que no es una competencia directa de la alcaldía pero con gente experta podemos ver cómo podemos ayudar a recuperar nuestro pulmón vegetal» dijo para Crónica.Uno.
