En esta semana que termina ha habido de todo. Empezando por la “toma” de la penitenciaría 5 estrellas de Tocorón por una fuerza de 11000 agentes (once mil; esa es la cifra), entre policías y militares, que tuvo como resultados: a) que todo el mundo contempló con lujo de detalles las imágenes de una cárcel con las amenities de un parque de diversiones y las armas del cuartel general de Spectre; b) la fuga de los mandamases del penal –los mismos que llamaron al evento una “entrega controlada” de las instalaciones- justo antes de la intervención. También figuró la convocatoria surrealista, a la vez risible y muy sospechosa por venir de quien viene, de un referéndum para que la gente diga si está de acuerdo con la defensa del territorio Esequibo; como si la soberanía geográfica del país fuera objeto de consultas al soberano. Y luego está la decisión del CNE, tomada de repente, de dar apoyo técnico a las elecciones primarias del 22 de octubre; una decisión que debe haber sido ordenada desde la cúpula del poder y que la Comisión de Primarias haría mucho bien en rechazar con un educado “gracias, pero no gracias”, porque los favores del régimen huelen a picada de culebra y normalmente salen muy caros.
Hubo un asunto que también se metió en las noticias de la semana y merece comentario aparte, tanto por su significado como por la consistencia con que ha ocurrido. Cada septiembre desde hace 3 años la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela ha entregado puntualmente al Consejo de Derechos Humanos de la ONU un informe para documentar las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que ha cometido el régimen chavista. En su cuarta entrega, presentada oralmente hace unos días en Ginebra, se cubrió lo ocurrido entre enero de 2020 y agosto de 2023.
El primer informe, publicado en 2020, se centró en una descripción aterradora de las torturas que sufrían los presos políticos y en la responsabilidad de altos funcionarios del gobierno en su orden y ejecución. El segundo, de 2021, resaltó el papel que jugaba el sistema de justicia como alcahuete y muchas veces protagonista de las violaciones a los derechos humanos. El tercero calificaba a las torturas, detenciones arbitrarias y ejecuciones como “parte de un plan diseñado por autoridades de alto nivel para reprimir a los opositores al Gobierno”, e hizo referencia explícita a la zona del Arco minero al reportar cómo “las violaciones de derechos humanos y los delitos se extienden por zonas remotas del país, en un contexto marcado por la criminalidad generalizada, la impunidad y la falta de gobernabilidad”.
En este cuarto informe, a pesar de que registra “una disminución cuantitativa” de la violencia y los atropellos con respecto a periodos anteriores, se asegura que la estructura represiva del Estado no se ha desmantelado, y más bien afirma que “el Gobierno ha intensificado recientemente sus esfuerzos de reducir el espacio cívico y democrático… extendiendo su control sobre la labor de personas defensoras de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, medios de comunicación y partidos políticos”. La reciente condena de 6 sindicalistas a 16 años de prisión por reclamar derechos laborales es un ejemplo claro de que la represión sigue su marcha para neutralizar el derecho de protesta, venga de donde venga. La portuguesa Marta Valiñas, presidenta de la Misión, declaró que“estos incidentes se han llevado a cabo de manera más selectiva”. Es decir, que la estrategia de asfixiar a los disidentes sigue siendo la misma, pero las tácticas han variado y ahora están más dirigidas a la dirigencia que a la masa que protesta.
En un aparte se destaca que “la falta de independencia, y también la actuación deliberada de las instituciones judiciales y constitucionales, como la Contraloría y el Consejo Electoral, coartan los movimientos de líderes sociales y dirigentes políticos”. Y finalmente, como en todas las ediciones anteriores, viene una lista de recomendaciones que serán ignoradas por el régimen mientras descalifica a la Misión como un instrumento de la derecha internacional. No faltaba más.
