Sin escrúpulos y flanqueado por las imágenes de Manuel Marulanda y Simón Bolívar, cuya fotografía jamás debió aparecer en el anuncio pronunciado por Iván Márquez sobre el regreso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia a la lucha armada por la supuesta traición del Estado colombiano a los acuerdos de paz suscritos en la Habana, Cuba, bajo su representación y durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Al lado de sus compañeros Seuxis Pausias, mejor conocido como Jesús Santrich, más Hernán Saldarriaga, alias El Paisa, y uno de los guerrilleros más sanguinarios de ese grupo, el líder de las FARC justificó el nuevo accionar criminal que desarrollará, en adelante, está organización en pro de la opresión, en los cánones del Derecho Universal que les permite levantarse en armas.

A través de una verborrea poco creíble, Iván Márquez no recuerda la cantidad de muertos que los miembros de las FARC lograron con cada arma de fuego accionada o con cada tortura aplicada a quienes secuestraban para obtener altas sumas de dinero por su liberación y poder seguir operando cruelmente desde las montañas o enconchados en el silencio de la ciudad o en lo más intrincado de las urbes, los ataques a sus objetivos militares y enemigos políticos, en aras de sembrar el terror a lo largo y ancho de esa tierra neogranadina libertada también por Simón Bolívar o desde los espacios cedidos en el suelo donde nació El Libertador, por quienes hace un poco más de 20 años dirigen una destructiva revolución en Venezuela.

Se le olvidó por completo al líder de las FARC, que esos delitos cometidos por ellos en el pasado siguen vigentes, porque aún no se les ha aplicado la justicia que el pueblo colombiano deseaba estuviese plasmada en ese acuerdo, resultante de los diálogos y las negociaciones, iniciado en 2012 y culminado el 26 de septiembre, en La Habana, Cuba, con un documento totalmente favorecedor a quienes supuestamente se desarmaron y participarían en el escenario político de forma libre y democrática.

En ese acuerdo no se vislumbro la aplicación de justicia a los crimenes cometidos por los miembros de las FARC. En consecuencia, el resultado del plebiscito al cual lo sometió el entonces presidente Juan Manuel Santos, el 2 de octubre de 2016, no fue refrendado por la mayoría de los colombianos seguidores de los partidos de oposición de su gobierno, por cuánto entendieron que dicho pacto estaba felizmente manoseando por el presidente Raúl Castro, con el propósito de que los pecados capitales cometidos por los integrantes de ese cuerpo guerrillero fuesen perdonados por la ley y pasarán sin castigo ni pena al ejercicio democrático de la política neogranadina. Ese revés popular sufrido da cuenta de que ese pacto no se hizo con la intención verdadera de desarticular totalmente las atrocidades criminales efectuadas por ellos durante 56 años de vida.

Un resultado en su contra usado a su favor por los miembros de las FARC, los cuales amenazaron en ese momento con regresar a las armas si no se firmaba ese tratado de paz, suscrito finalmente, a puertas cerradas, el 24 de noviembre de 2016, sin considerar de nuevo la participación popular en un asunto de trascendencia nacional, cómo era el desarme de las FARC. Esa forma oscura y truculenta como se aprobó ese tratado de paz tampoco lo rememora Iván Márquez, cuando trata de expiar sus culpas como hombre insurgente y recriminar la deslealtad con las clausulas del tratado a su tocayo, el presidente Iván Duque.

Se suponía que en adelante, esos ciudadanos ejercerían la política de forma civilizada, sin máculas y sin el uso de las armas. Pero esa expectativa cambia, en primer lugar porque los resultados del Primer Congreso de la FARC, como partido político, el 27 de noviembre de 2017, le otorga mayor poder de decisión a Iván Márquez, al obtener más votos que Rodrigo Landoño Echeverri, Timochenko, ex comandante y jefe de esa organización armada y defensor a ultranza del Acuerdo de Paz y de la transición desde la insurgencia hacia la civilidad. Igualmente, saca del redil de la pasividad a la FARC, el rechazo de los colombianos como integrantes del Congreso de la República, así como las acusaciones en contra de Jesús Santrich de negociar drogas hacia los Estados Unidos o delinquir con fines del narcotráfico. En las elecciones legislativas de marzo de 2018, el partido FARC sólo obtuvo 85 mil votos en todo el territorio neogranadino, a través del cual se comprueba su debilidad política y parlamentaria, al sólo obtener cinco curules en la cámara de Diputados y en el Senado de la República de Colombia.

Esos tres elementos confirman unos de los detonantes que permiten quitarse la careta a algunos miembros de la agrupación guerrillera de las FARC para volver a detonar las armas de manera abierta en contra de una población harta de tanta violencia u obstinada de un sinfin de mentiras por parte de esa agrupación irregular que amenaza con unirse a sus compañeros del Ejército de Liberación Nacional para, supuestamente, seguir librando una batalla a favor de los pobres y desposeídos olvidados por quienes lideran las cúpulas políticas colombianas e imputar a las «economías ilegales y a las multinacionales que saquean nuestras riquezas». Los ganaderos, empresarios, comerciantes y la gente pudiente son, asimismo, su objetivo económico para mantener la nueva rebelión.

Con ese anuncio se comprueba que la firma de ese documento por la paz sólo fue una farsa. Únicamente se estamparon las rúbricas de los actores involucrados, pero jamás se perfilo el real arrepentimiento de la gente de las FARC de terminar con la criminalidad, porque los miembros de ese grupo, como los de las demás fuerzas guerrilleras que operan en Colombia y otras partes Latinoamérica perdieron la visión de su misión redentora de la justicia social cuando treparon las montañas y para poder sobrevivir de aliaron o se apoderaron de la venta de drogas y del negocio del narcotráfico. Ese acuerdo de paz nunca se concretó, porque un ala de las FARC seguía operando en anonimato desde las catecumenas aperturadas desde la frontera hasta la capital de Venezuela, por representantes del gobierno bolivariano para poder actuar a sus anchas en contra de sus enemigos políticos externos e internos.

De acuerdo con un documento de la DEA, introducido en la solicitud de extradición del ex jefe del Sebim, general Hugo Carvajal y descrito por los periodistas Antonio M. Delgado y Kevin G. Hall, en un reportaje publicado por el periódico Un Nuevo Herald, «el fallecido presidente Hugo Chávez Frías orquesto la incursión de su régimen en el narcotráfico, cómo arma de doble filo que buscaba golpear a Estados Unidos, inundando sus calles con drogas, y armar a las FARC para derrocar al gobierno democrático de Colombia».

Ese acuerdo fue fraguado con el único fin de que el ex presidente Juan Manuel Santos obtuviera fácilmente el Premio Nobel de la Paz. La guerrilla domina en Colombia y mientras Iván Márquez y sus compañeros de armas actuaban escamoteados y amparados por la gente del gobierno de Venezuela, emergió la violencia de los integrantes del Ejército de Liberación Nacional, ELN, hoy aliados incondicionales de Iván Márquez para arremeter atrozmente contra el orden constitucional estipulado en Colombia y contra quienes no tienen ninguna culpa de las injusticias sociales. Aunque advierten que el secuestro ya no será más el medio de su financiación, aún no han dado muestras de la veracidad de esa promesa.

Se demoraron en lavarse la cara y anunciar que cometerán sus atrocidades a la luz pública. Los de las FARC, menos que nadie, son quienes han violado las cláusulas de ese documento de paz, porque como sujetos arbitrarios querían participar en la política y paralelamente seguir en los negocios del narcotráfico y lavado de dinero, sin importarles ningún termino estipulado en el acuerdo previo al cual habían llegado. Ellos cayeron en su propia trampa y aunque griten que regresan a la lucha armada porque los del gobierno de Iván Duque infringieron el tratado de paz, la mayoría de los colombianos y venezolanos, no creen en ese discurso, plagado de injusticias y plegarias para perdonar los cuentos delitos de quienes conformaron ese grupo inhóspito para la tranquilidad y la vida.

Ese tratado no fue justo. Pedían clemencia cuando actuaron como verdugos de gente inocente, a los cuales despachaban de este mundo sin un apice de misericordia sobre su humanidad. Cuando realmente se quiere aplicar justicia, los delitos no pueden quedar impunes. Así no hay justicia ni libertad. Por eso, los colombianos hoy no están fautos ni en su aurora ni en su soñar. Su sonrisa queda atrapada en el no saber que les espera en el nuevo despertar de las FARC o cualquier otro nombre con el que su violencia accionará. Sólo exigen que los delitos no vuelvan a quedar incolumes nunca más.




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