Los vientos de tempestad soplan muy fuerte en varios países de Latinoamérica, Un ciclón que ha pegado muy duro en las aletas democráticas de Argentina y la han regresado al Peronismo – Kirchnerismo, con el triunfo de Alberto Fernández en las elecciones del pasado domingo 27 de octubre 2019 y la derrota de Mauricio Macri, al tiempo que estremece las reposadas aguas del oasis chileno con la embestida brutal perpetrada por conciudadanos a lo legalmente establecido para exigir el cierre de la brecha social y concluir con éxito un plan maquiavélico diseñado, supuestamente, por grupos foráneos de extrema izquierda, los cuales, al parecer, bajo la conducción y el amparo de los presidentes de Cuba y Venezuela buscan desequilibrar todos los gobiernos que se oponen a la ideología marxista leninista e impiden la concreción del Socialismo del Siglo XXI en América Latina. Esos tentáculos también pretendieron aniquilar los mandatos de Lenín Moreno, en Ecuador, como el de Martin Vicarra, en Perú y actualmente provocan el alzamiento de adeptos de Evo Morales, en Bolivia, luego de su dimisión a la presidencia e ida hacia México, en calidad de asilado político. E igualmente, convirtieron al recién paro colombiano en un caos social que ameritaron toques de queda en las principales ciudades colombianas y la intervención del aparato bélico de esa nación.
Desde aproximadamente seis años, esa ventisca sacude a la democracia venezolana. La mayoría de sus habitantes, desde entonces, luchan por la libertad, perdida paulatinamente, desde que Hugo Chávez Frías se instaló en el poder, el 2 de febrero de 1999 y comenzó a demoler la funcionalidad del Estado Federal Descentralizado, establecido en la Constitución Bolivariana de Venezuela y que había dado frutos positivos desde 1989 con la transferencia de competencias del poder central hacia los estados y municipios, para regresar al centralismo, el cual, en una otrora reciente, se había diagnosticado como una estructura burocrática agotada e inoperante para dar respuestas oportunas a las necesidades de la gente y un modelo de gestión pública apto para desatar y consolidar la corrupción en todos los ámbitos e imposibilitar el desarrollo de la democracia participativa consagrada en la Carta Magna bolivariana, por cuanto el centralismo oprime la real participación ciudadana por su control absoluto en las decisiones de la gente, así como en su pensar y expresión, sobre todo en el Socialismo del Siglo XXI, porque es un sistema que busca la unificación del pensamiento y la ideología de la gente. No cree en el pluralismo ideológico, porque a sus representantes les sería muy difícil controlarlos y adoctrinarlos en la formación del nuevo hombre y ética revolucionaria.
La visión de Nicolás Maduro, al parecer, es materializar el Socialismo del Siglo XXI en Venezuela y coadyuvar en su formalización en la región sudamericana. Desde su llegada al Poder Ejecutivo, a través de las elecciones efectuadas el 14 de abril de 2013, luego de la muerte del ex presidente Hugo Chávez Frías, no ha dejado de trabajar por ese propósito, aunque sea a través de mecanismos inconstitucionales e ilegales que le permitan anarquizar el poder y avanzar en teorías y prácticas de corte comunista muy alejadas de los principios democráticos consagrados en la Carta Fundamental.
Como Jefe del Estado traspasa sus límites como primer mandatario nacional. Quebranta lo legal con el único fin de imponerse como jerarca y consolidar ese proyecto político no acorde con la constitución ni con las demás leyes que le circunden para garantizar el Estado de Derecho. La anarquía, el despotismo y el totalitarismo son sus armas para aniquilar los preceptos democráticos y crear grupos paramilitares e instancias paralelas que le aseguran su permanencia en el gobierno, además del manejo hegemónico de todas las instituciones que conforman los cinco poderes del Estado venezolano para maniobrar estrategias que impidan a los órganos dirigidos por la oposición no ejercer cabalmente sus competencias, porque afectaría su proyecto socialista que mantiene en vilo la vida de quienes todavía permanecen en Venezuela y de los otros que ha obligado a huir, alrededor de 5 millones de compatriotas, a otros territorios del mundo a buscar nuevas oportunidades y esas libertades que sólo ofrecen las democracias.
Una realidad bien petrificada, gracias al excelente trabajo de adoctrinamiento ejecutado por el ex presidente Hugo Chávez, la cual mantiene entrampada hoy a Venezuela en un sistema de gobierno que al parecer quiere hundir a los venezolanos en el precipicio del hambre y la pobreza extrema porque sus líderes no entienden que la economía socialista sólo fecunda atraso, pena y miseria. En consecuencia, tampoco se responsabilizan de la destrucción y el abandono en la cual se encuentra la tierra del Libertador Simón Bolívar.
Mientras en Venezuela, Nicolás Maduro llama a una contramarcha para seguir sin escuchar el clamor de la población que una vez más salió a las calles a exigir libertad y su renuncia, las manifestaciones violentas en Chile han disminuido considerablemente, aunque permanecen intactas las huellas de la agresión y el ensañamiento contra emblemáticas obras del patrimonio público, como la destrucción de varias estaciones del metro de Santiago, hoy paralizadas por la furia de quienes se olvidan de sus deberes como ciudadanos para exigir cambios políticos y sociales a la fuerza, sin entender ni razonar los altos costos que dejan sus excesos y exabruptos a la hora de manifestar y exigir derechos.
Al parecer, en ese escenario, la vehemencia irracional predomina, porque el disgusto y la frustración social conforman los detonantes para la agresividad al orden establecido, aunado a la supuesta participación de personas pertenecientes a grupos radicales de izquierda que pretenden ofuscar los cimientos democráticos para evitar que sus principios se conviertan en una rémora para la implantación de regímenes socialistas en la región de Latinoamérica y el Caribe, al tiempo que sacudió a la dirigencia política dirigida por el presidente Sebastián Piñera, quien no ha huido, pese a que le han pedido su renuncia ni se ha hecho el sordo frente a las exigencias sociales.
Al contrario del presidente venezolano, el primer mandatario chileno, ha escuchado el clamor ciudadano y, por ende, hizo cambios en políticas sociales y laborales que permitan el bienestar de la población. Elevó los montos del salario mínimo y de las distintas pensiones que operan en este país astral, mientras ya se encuentra estipulada la disminución de la jornada laboral a ocho horas semanales, a partir del próximo año. Los representantes del gobierno y de la oposición acordaron realizar un referendo en abril de 2020 para cambiar la constitución. Una consulta popular en la cual los ciudadanos chilenos responderán a los dos preguntas. La primera si quieren o no una nueva constitución y en la segunda deberán exponer cuál órgano deberá redactarla, sí una convención mixta compuesta en un 50 por ciento por parlamentarios y otro 50 por ciento por ciudadanos electos para la ocasión, o una convención constitucional, cuyos integrantes sean electos para cumplir con esa misión.
En tanto, desde México, Evo Morales continúa, advirtiendo su posible regreso a Bolivia para evitar una supuesta confrontación colectiva y lograr la paz en su país, el cual abandonó luego de dimitir como presidente y aceptar el asilo político en esa nación azteca, donde el ministro de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, en nombre del gobierno presidido por Manuel Andrés López Obrador, le da un espaldarazo al defender la tesis de que en Bolivia hubo un golpe de Estado y, por ende, Evo Morales renunció para evitar una guerra civil.
Evo Morales acepto el asilo político en México, pero cree sigue siendo el Jefe de Estado de Bolivia hasta que la Asamblea Nacional rechace o apruebe su renuncia, razón por la cual se cree con derechos de seguir llevando la `política interna de su país y exigir la renuncia de la presidenta interina, Jeanine Añez, quien asumió ese cargo una vez hubo el vació del poder por la dimisión de todos quienes les correspondía la sucesión del mandato boliviano, una vez que Evo Morales se fue a México, junto con su vicepresidente, Álvaro García Linera y los presidentes de las cámaras del Senado y Diputados abandonaron sus curules.
Pese a esa realidad, Evo Morales insiste en que en Bolivia no hay autoridad, porque Jeanine Añez se autoproclamó inconstitucionalmente. No obstante, ante la dimisión del cuadro sucesional, era a ella a quien le correspondía convertirse en presidente interina. Así lo hizo, pero hoy también enfrenta violencia de los grupos adeptos al ex presidente, quizás ofuscados por los grupos de izquierda que se niegan a abandonar el poder y aceptar que el Socialismo del Siglo XXI es un modelo de gestión fracasado, capaz sólo de producir desolación, atraso, penurias y mendicidad.
