A cuenta del crecimiento económico, que según el Gobierno fue de dos dígitos en el primer trimestre del año, se han tomado polémicas decisiones en el ámbito tributario.
Consultado por Banca y Negocios, José Javier García, asesor tributario, declaró que a raíz de la reciente recesión económica una de las formas más fáciles para el Estado de recaudar fue a través de la imposición de tributos o impuestos. “Estamos viendo una gran voracidad fiscal en todos los niveles”, dijo.
García expone que se están reformando las leyes, sin que se cumpla un requisito fundamental y que está previsto en la Carta Magna, como lo es la incorporación o la discusión con todos los sectores afectados en ese proceso de reforma legal.
Esos procesos obligatorios de consulta no se están cumpliendo, asevera. “Y tenemos dos ejemplos muy recientes. Uno es la reforma del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), la cual no fue consultada con nadie, y con fecha de abril, pero tuvimos acceso la semana pasada, se reformó la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología (Locti)”, indicó García.
Frecuencias de pago
Todas estas reformas vienen orientadas a aumentar el pago de impuestos de las compañías o los contribuyentes. Hay dos cosas: o es un incremento de la tasa –es el caso del IGTF-, o se aumenta la frecuencia del pago, que es el caso de la Locti.
En cuanto a la Locti el impuesto se pagaba anual, y ahora es mensual. Eso –opina García- comienza a generar una carga tributaria muy relevante a los contribuyentes, porque no es lo mismo que tenga que cancelar el impuesto dentro de un año, a que lo tenga que cancelar cada mes, cuando la obligación presiona a usar dinero del flujo de caja de corto plazo que se necesita para mantener la operatividad.
“Esos son los principales vicios del sistema impositivo venezolano actualmente: una gran voracidad fiscal y el establecimiento de tributos que apenas se ajustan a la capacidad del contribuyente”, expresa.
-¿Por qué se puede considerar injusto o confiscatorio el sistema impositivo?
-Hay un principio según el cual toda empresa, todo contribuyente, debería generar un rendimiento tal que le permita cubrir su operatividad, y dentro de esos costos está el tema tributario. Lo que estamos viendo con la carga tributaria actual es que las empresas se ven obligadas a desprenderse de parte de sus activos, cuando debería formar parte normal de su funcionamiento.
-Históricamente se ha dicho que el venezolano no paga impuestos. ¿Eso es verdad hoy?
-No. Yo creo que este es uno de los países donde hay una alta tasa impositiva. En el caso de empresas pequeñas y medianas, la dolarización generó una informalización. En virtud de toda la trama tributaria, que impone sanciones muy onerosas, esas empresas prefieren la informalidad.
Las grandes empresas
Pero cuando se mira el escenario para las empresas grandes, la situación es completamente diferente. Las facturas deben tener unas características específicas, las sanciones son tan onerosas que obligan claramente a los contribuyentes a tratar de cumplir con sus obligaciones tributarias.
Entonces, si hay un sector informal que no paga impuestos, hay un sector formal que termina pagando tasas muy altas.
El vocero ofrece un ejemplo que da cuenta de la proporcionalidad del pago de impuestos en Venezuela: una señora de la tercera edad, jubilada, a la cual su hijo le manda una remesa mensual de 100 dólares. Cuando ella va al mercado tiene que pagar un 3% del IGTF. Pero si una persona X o Y va al mismo supermercado a comprar un whisky 18 años, esa persona también tiene que pagar ese 3%, “pero cuando uno lo ve en la dimensión del contribuyente, se ven las grandes distorsiones que tiene nuestro sistema financiero”.
Opina que hay que buscar una armonización entre los diferentes impuestos, tasas y contribuciones que hay en Venezuela. No es el ISLR; es el IVA, los impuestos municipales -que cada vez son más altos- las contribuciones parafiscales de diverso tipo más las sanciones desproporcionadas, entre un largo etcétera.
“Tiene que haber una armonización tributaria, tiene que haber incentivos, cosa que era frecuente en el pasado. Hay que otorgar seguridad jurídica. Colombia es un ejemplo: hubo un momento en que se les garantizaba que el régimen tributario no cambiaría en 10 años, salvo que beneficiara a las empresas”, indica cuando se le pregunta sobre las reformas necesarias para apuntalar el raquítico crecimiento de nuestra economía.
Con información de Banca y Negocios.
