Sólo querían dialogar, pero no fue posible. Temprano llegaron los comerciantes a la sede de la Alcaldía de Naguanagua, en Paseo La Granja, con la intención de conversar con la alcaldesa Ana González sobre una decisión que les afecta en gran medida, pero la autoridad no los recibió.
Con pancartas en mano se apostaron en las escaleras del centro comercial. Rechazaban el aumento, al que calificaron de exabrupto, y pedían el encuentro con la autoridad. Solo lograron que les recibieran un documento, dirigido a González en el que plasman todas sus dudas, y que les ofrecieran una reunión para una fecha aún no precisada.
Estos comerciantes, los más afectados hasta ahora, temen tener que trasladar los costos a los productos, pues eso reduciría sus ventas. El problema es que la otra opción es bajar las santamarías, ante la imposibilidad de cumplir con todas las exigencias impositivas, en especial las de la alcaldía de Naguanagua.
En el documento expresan una serie de dudas que, por ahora, permanecen sin respuesta:
Si el pago del aseo urbano está anclado al petro, este pago experimenta incrementos periódicos, o al menos así ha sucedido en los últimos seis meses.
También preguntan los comerciantes si la empresa que presta el servicio de recolección de basura desde hace 20 años, Inversiones y Servicios CT, es una filial de la alcaldía, si es contratada para servicios administrativos o de índole laboral. De ser estas dos últimas, quieren saber cuáles son los costos operativos de la empresa, pues en el artículo 92 de la ordenanza de desechos sólidos se establece la importancia de que este tema, en todas sus variables, sea consultado y estudiado junto a las partes interesadas, a saber, comercios, condominios, habitantes de viviendas, en fin con el pueblo en general por tratarse de un tema de interés colectivo.
Los comerciantes expusieron en el escrito que si bien los comerciantes cancelan la mayor parte de los impuestos para no perjudicar a la población trabajadora con ingreso de salario mínimo, también es cierto que ellos son trabajadores, por lo que sugieren acabar con el mito de que los comercios nos llevamos la parte más gruesa de las ganancias.
La propuesta para la alcaldesa Ana González la tienen clara: «Hay que hacer un reajuste, calcular en base al artículo 60, aplicando la formula de 0 a 300 kilogramos y así sucesivamente, o lo que es lo propio, tarifa ajustada T.A., tarifa máxima T.M., generación adicional G.A., generación máxima G.M., y factor de ajuste F.A. Según anexos de los costos establecidos a la hora de la aprobación de estas ordenanzas en mayo 2021, quisiéramos saber que ha variado que generó ese exagerado incremento».
Lejos de querer generar conflicto, los asistentes a la protesta aclararon que buscan ser atendidos y escuchados para, a la brevedad posible, tener una respuesta coherente y oportuna e instalar una mesa de dialogo, mesas de trabajo con todo los involucrados para el bienestar del municipio en materia de saneamiento y servicio público.
Durante la manifestación exgieron respetando a sus derechos. «Siendo padres y madres de familia, queremos soluciones no solo en el tema del aseo sino también en los altos costos de las patentes y eliminar las trabas burocráticas a la hora de tramitarlas, ya que se nos dan unas patentes provisionales que se constituyen en un costo adicional que debemos asumir cada tres meses».
También exigieron no ser sometidos a actos de persecución y maltrato administrativo. «Es hora de que entiendan que somos socios del municipio y como socios debemos ser consultados y atendidos».
Los comerciantes pidieron empatía a la alcaldesa, pues fueron fuertemente golpeados por la pandemia y aún no han logrado recuperarse.
Finalmente desconocieron a quienes se pronunciaron en nombre de una cámara de comercio municipal de Naguanagua. «Ellos no representan más que a ellos mismos y no al interés colectivo».
En virtud de la negativa de la autoridad municipal a recibirlos, acordaron trasladarse meste martes a la Gobernación de Carabobo, donde solicitarán una reunión con el gobernador Rafael Lacava, a fin de pedir apoyo para enfrentar este desproporcionado aumento que amenaza con obligarlos a cerrar las puertas de sus negocios.
Por segunda ocasión, El Carabobeño intentó obtener la versión oficial pero no fue posible.
