Una de las controvertidas leyes del Gobierno polaco para reformar el sistema judicial entró hoy en vigor, una victoria parcial del conservador y nacionalista Ley y Justicia (PiS), que sigue enfrentado a Bruselas en esta cuestión.
La normativa prevé, entre otros asuntos, que el ministro de Justicia, actualmente Zbigniew Ziobro, que también ejerce de fiscal general, pueda cesar presidentes de sala de tribunales regionales y de apelación y nombrar a sus sucesores de forma unilateral y sin justificación alguna.
La oposición ha criticado que esta medida pone en peligro la independencia judicial en la mayor economía del este de Europa, mientras que el Gobierno sostiene que la reforma permitirá una Justicia más eficiente.
Ésta es una de las tres leyes para reformar el sistema judicial del PiS, que gobierna con mayoría absoluta desde finales de 2015, que han provocado manifestaciones masivas en las calles y que la Comisión Europea (CE) abriese un procedimiento sancionador a Varsovia.
Esta investigación podría acabar en una sanción económica o, en caso extremo, en la suspensión del derecho de voto de Polonia en la UE.
El presidente polaco, Andrzej Duda, vinculado al partido gobernante, vetó en julio tras fuertes protestas las otras dos leyes -una de las cuales sanciona la reforma del Tribunal Supremo- y está previsto que para septiembre presente sus propuestas alternativas para volver a someterlas a tramitación parlamentaria.
El Gobierno polaco ya reformó el año pasado el Tribunal Constitucional, lo que le granjeó también fuertes protestas en las calles y las críticas de Bruselas, que abrió un procedimiento general contra Polonia para proteger el Estado de derecho.
Además, el Ejecutivo del PiS está enfrentado a la CE en otras cuestiones, como en la reforma de la edad de jubilación, ya que Varsovia quiere que las mujeres dejen de trabajar antes que los hombres, y en la tala de árboles en el parque nacional de Bialowieza.
