La fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, asegura en una entrevista con EFE que «buena parte del Estado está infiltrado» por el crimen organizado y el narcotráfico.
Hace semanas el presidente de la República, Daniel Noboa, reconoció la existencia de un «conflicto armado interno«. Esto, a raíz de la escalada criminal que ha situado al país entre los más violentos de América Latina.
Como ejemplo de esa infiltración, Salazar mencionó el caso «Metástasis», que a finales del año pasado reveló una supuesta trama de corrupción judicial, policial y carcelaria a favor de estructuras criminales. Fue descubierta tras acceder a la información que contenía el teléfono celular del presunto narcotraficante y lavador de dinero Leandro Norero, asesinado en 2022 en la cárcel de Latacunga.
«‘Metástasis’ es una clara radiografía de cómo la delincuencia organizada ha permeado muchas instituciones del Estado. En esta causa tenemos procesados de la Corte Nacional y cortes provinciales de Justicia, del Consejo de la Judicatura, de la Policía Nacional, de la misma Fiscalía, abogados, particulares y más, todos ellos trabajando a cambio del dinero del ‘narco'», explica Salazar en declaraciones remitidas por escrito.
«Creo que esto deja claro que es un hecho que buena parte del Estado está infiltrado», señala la fiscal general, quien ocupa este cargo desde 2019.
En riesgo permanente
Durante los últimos meses, Diana Salazar ha denunciado amenazas de muerte. Incluso ha hablado de un plan para acabar con su vida, como ocurrió el pasado 17 de enero con el fiscal César Suárez. El funcionario estaba a cargo de la investigación de varios casos criminales de alto perfil, entre ellos la reciente toma del canal TC Televisión por un comando armado.
Los amedrentamientos «son un riesgo que corremos todos los ciudadanos que no queremos un país controlado por el narco o por criminales y que hacemos algo para cambiar la realidad actual», considera.
«Como fiscal general, el riesgo personal es mucho mayor, porque es plantarle cara a todos los delincuentes», relata Salazar.
«Es como vivir en un arresto domiciliario. Lo he repetido en varias ocasiones, no porque deba algo a alguien, sino porque la delincuencia buscará venganza. Pero tengo fe en que todo saldrá bien», confiesa la fiscal general.
Salazar, que se ha ganado el apelativo de «dama de hierro» por su firmeza, asegura que pese a todo no pierde la esperanza. «No todo está perdido, pero es momento de actuar y es lo que como institución estamos haciendo», subraya.
«Estamos haciendo nuestro trabajo para salir de este momento tan difícil. Las personas que no hemos sido tomadas por el narcotráfico somos la mayoría en las instituciones del Estado. Si actuamos de manera articulada, sacaremos al país de esto», enfatiza.
El Estado está infiltrado por el narco y sistema de protección sin recursos
Después de que varios fiscales hayan sido asesinados por las bandas criminales, todos los funcionarios del ministerio público que solicitan seguridad cuentan con ella, para que de esta forma «se sientan respaldados por la institución en la persecución de los delitos».
Respecto a las víctimas y testigos, la fiscal recuerda que el sistema de protección «se encuentra declarado en emergencia desde hace casi dos años, por la falta de recursos».
«Sin embargo, trabajamos con las mismas premisas de siempre: salvaguardar la vida e integridad de las personas durante y después de los procesos penales, para obtener justicia».
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