Defensa de los Derechos Humanos (Foto: Referencial/Archivo)

Las intimidaciones son parte de los riesgos de su labor. Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de Carabobo tienen años trabajando bajo el asedio de funcionarios del oficialismo y el proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG parece ser la concreción de las amenazas.

El coordinador en Carabobo del Foro Penal, Luis Armando Betancourt, recordó que desde hace algún tiempo se amedrenta a estas instituciones, algunas de ellas con más de 40 años trabajando en el país por la defensa y protección de los derechos humanos (DDHH).

“El año pasado se adelantó que las ONG tenían que declarar ante la Ley de Financiamiento al Terrorismo, de donde provenían los fondos, a qué víctimas se atienden, entre otras cosas delicadas”.

Desde comienzos de 2023 una nueva amenaza surgió. Esta vez fue el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, quien lo hizo al anunciar que presentaría ante la Asamblea Nacional (AN) una ley para regular el funcionamiento de las ONG, y así fue. El martes 24 de enero fue aprobada en primera discusión.

“Lo peor es que se personifica el trabajo de las ONG, atacando a los directores como Alfredo Romero, Gonzalo Himiob, Marino Alvarado, y hasta a mi persona que he sido atacado por Diosdado Cabello para tratar de enlodar el trabajo que hacen las ONG en defensa y protección de los derechos humanos”.

Los riesgos

Betancourt aseguró que el mayor riesgo que se corre en este momento es que los voluntarios de la sociedad civil sientan temor a seguir con su labor. “Esto intimida el trabajo que cada de uno de nosotros realiza en pro de los ciudadanos que claman por justica, la libertad y la democracia y provoca que las personas que apoyan a las ONG ya n lo hagan por temor a todo lo que ocurre en Venezuela por las amenazas, como lo son las encarcelaciones y detenciones arbitrarias”.

Mientras tanto, el plan del Foro Penal es seguir trabajando, pese a las “regulaciones absurdas”.

Desde la Fundación Manos Amigas por la Vida (Mavid) la preocupación es cada vez mayor. Ellos se dedican a ayudar con tratamientos a pacientes con VIH y dependen de subvenciones de ayuda humanitaria que ahora está en riesgo.

El presidente de esta ONG, Eduardo Franco, alertó que este proyecto de ley, además de que incita al Estado a controlar la ayuda que se les da a los ciudadanos, pretende cercenar y callar a las Organizaciones No Gubernamentales, hasta desaparecerlas.

Dijo que varias ONG se reunirán en las próximas horas para saber qué acciones y medidas tomar al respecto.

Desde la ONG Primero Rafael Urdaneta consideran que esta acción constituye un zarpazo contra la Constitución, tomando en cuenta que las organizaciones que pretenden ser reguladas tienen como norte defender los derechos humanos y civiles de los venezolanos para fortalecer la democracia.

“Persiguiendo, hostigando, encarcelando, regulando, fiscalizando a las Organizaciones No Gubernamentales, a las asociaciones civiles y a líderes gremiales y sociales, se profundiza la crisis. «Consideramos que sería imposible avanzar en la construcción de una verdadera sociedad democrática, libre, participativa y protagónica de esa manera, dejemos que el pueblo se exprese”, señala el comunicado de la organización.




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