El domingo su defensa recibió una notificación del Departamento de Seguridad Interior (DHS) afirmando que su traslado a Italia en estos momentos resulta
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El gobierno de Donald Trump paralizó la extradición del líder paramilitar colombiano Salvatore Mancuso a Italia y ahora corre el riesgo de terminar en Colombia, a lo cual su defensa respondió pidiendo que Estados Unidos «detenga todos los procedimientos migratorios», según documentos judiciales publicados este lunes.

Mancuso –uno de los máximos líderes del grupo desmovilizado Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que también tiene nacionalidad italiana- estaba en Estados Unidos cumpliendo una condena por narcotráfico, tras lo cual debía terminar expulsado a Italia a más tardar el 4 de septiembre.

El domingo su defensa recibió una notificación del Departamento de Seguridad Interior (DHS) afirmando que su traslado a Italia en estos momentos resulta «perjudicial para Estados Unidos».

Su defensa pidió una audiencia inmediata y una «suspensión de cualquier acción migratoria».

Mancuso, culpable de narcotráfico

A Mancuso se le extraditó a Estados Unidos desde Colombia en 2008, donde se declaró culpable de narcotráfico.

Desde su traslado a Estados Unidos, organizaciones de víctimas y defensoras de los derechos humanos exigen su regreso al país suramericano para que esclarezca los múltiples y atroces delitos de los paramilitares, así como los vínculos de esos grupos con políticos y empresarios.

«Inconcebible que el gobierno de Estados Unidos decidiera que el traslado del peticionario a Italia resulta perjudicial y que su deportación a Colombia, apropiada en cosa de horas», indicó la defensa.

La defensa de Mancuso tiene la opción de pedir asilo en Estados Unidos ya que sus abogados afirman que está «aterrado» con la posibilidad de volver a Colombia.

Mancuso en 2012 recibió sentencia de 24 años de cárcel por la matanza de 19 personas en 1998, pero dado que se plegó a ley de desmovilización Justicia y Paz que lanzó el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), sólo cumpliría un máximo de ocho años de prisión.

© Agence France-Presse




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