Los abogados defensores de los denominados presos políticos en Nicaragua están abandonando los casos, debido a que están resultando víctimas de amenazas contra su integridad física o la suspensión de su licencia, denunciaron este miércoles los familiares de los detenidos.
Santiago Vindell, hermano de uno de los 134 detenidos en el marco de las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega, que estallaron en abril de 2018, dijo en una conferencia virtual que el abogado de su familia tuvo que cambiar en tres ocasiones el número de su teléfono móvil «por temas de seguridad».
«Está siendo amenazado, perseguido y eso dificulta el acompañamiento», señaló.
Karen González, familiar de otro de los «presos políticos», dijo que el abogado que tenían se retiró del caso, sin avisar a nadie.
Para Ana Lucía Álvarez, una de las coordinadores de las asociaciones de «presos políticos», esos casos revelan «una estrategia más de la dictadura para seguir reprimiendo y seguir oprimiendo» a los detractores del presidente Ortega.
«Es una estrategia más de represión de la dictadura que busca obstaculizar el derecho a la defensa», señaló Álvarez, para quien esa situación deja más vulnerables a los detenidos, a sus familias y a los «excarcelados cuyos procesos judiciales están en el limbo».
«Al perseguir a abogados y abogadas defensores lo que buscan es seguir ocultando la forma en que opera el Poder Judicial, la Fiscalía y la Defensoría Pública», indicó.
Irrespetado el debido proceso
Según Álvarez, el Estado nicaragüense ha violado el debido proceso en las detenciones de los opositores, y la Fiscalía se ha convertido en un instrumento que fabrica casos para incriminar a los «presos políticos».
Rosa Ruiz, otra de las familiares, afirmó que «ya tenemos abogados que se han ido al exilio» y mencionó el caso del letrado Elton Ortega, defensor de los aspirantes presidenciales de la oposición Arturo Cruz y Juan Sebastián Chamorro, que abandonó Nicaragua tras recibir amenazas.
«Eso ha infundido el temor en el grupo de abogados», consideró Ruiz, quien abogó por «resistir a cada una de las acciones» de la «dictadura».
Comentó que entre las amenazas que reciben los abogados están el que serán encarcelados, el suspenderles su licencia de abogado, y el caso extremo de la muerte.
«Unos van a optar por irse fuera del país antes de caer presos, que es la parte más grave, porque eso los afecta a él y a su familia económica y emocionalmente», anotó Ruiz.
El 18 de abril de 2018 estalló una revuelta popular por unas controvertidas reformas a la seguridad social y que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia del presidente Ortega, debido a que respondió con la fuerza.
Las protestas, calificadas por el Ejecutivo como «intento de golpe de Estado», dejaron al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200. EFE
