tribunales
(Foto: El Carabobeño)

Desde aproximadamente las 8:30 a.m. de este lunes 24 de agosto un nutrido grupo de casi un centenar de personas, familiares de privados de libertad, se apostó frente a la sede del Palacio de Justicia de Carabobo para exigir la reactivación de los tribuales, los cuales se encuentran sin despacho por la pandemia de COVID-19.

La mayoría de los manifestantes eran mujeres como Angélica Espinoza, hermana de uno de los presos. “En mi caso, tengo a mi hermano detenido desde noviembre del año pasado. Ya le había otorgado libertad plena y estaba por salir en marzo, pero fue cuando comenzó lo de la cuarentena”. Los traslados también fueron suspendidos.

La exigencia es clara: “Que se activen todos los tribunales  y se aboquen al 7+7 para que  empiecen a trabajar con todos los casos que quedaron paralizados desde hace cinco meses atrás y hasta hace más un año y pico atrás”, sentenció Espinoza, quien encabezó la protesta. “Ya llevamos cinco meses de cuarentena y los tribunales simplemente permanecen cerrados o trabajando supuestamente con un tipo de emergencia que no entendemos”.

Según Espinoza, hay casos de personas detenidas por causas injustas y sus casos ni siquiera han sido investigados. Tampoco les han hecho una audiencia preliminar, apertura de juicio o celebración de juicio. “Muchos están en ejecución en el Penal de Tocuyito y en otras sedes y aún permanecen detenidos, violándoles su derecho al debido proceso”, agregó.

Los familiares temen por las condiciones de salud de los presos debido a los altos niveles de hacinamiento existentes no solo en las cárceles sino también en los centros de detención preventivos. Espinoza fue enfática al advertir que cada vez hay más reclusos enfermos que, ante la falta de atención médica, terminan muriéndose en los calabozos.

(Foto: El Carabobeño)

Pasadas las 9:30 a.m., dos voceras del grupo de manifestantes fueron recibidas por la presidenta del Circuito Judicial Penal de Carabobo, Nidia Sánchez, quien según Espinoza les recibió un oficio mediante el cual hacen la solicitud de la reactivación de las actividades de los tribunales. “Nos explicó que los procesos se vienen realizando por estados y este tribunal está esperando  la orden del TSJ para comenzar a trabajar. Al parecer, ya están preparados con los implementos requeridos para atender a los procesados”.

Sánchez, además, les dijo a las voceras que estima que dentro de una o dos semanas ya debería estar recibiendo la autorización del TSJ para que los tribunales de la entidad retomen la celebración de audiencias y juicios.

Presos políticos, mismas condiciones

La situación de los presos políticos en Carabobo no es diferente a la de los reclusos comunes en tiempos de pandemia. Para ellos el sistema de justicia también se encuentra paralizado, sin esperanza de retomar la celebración de audiencias mediante alternativas digitales, como ha sido anunciado en otros estados del país.

Luis Armando Betancourt, coordinador del Foro Penal en la entidad carabobeña, explicó que se continúan realizando las audiencias especiales de presentación en calificación de flagrancia. Pero, los casos que ya estaban siendo investigados y llevados a juicio, así como también los pendientes por la presentación de una audiencia preliminar, se encuentran en total suspenso.

“Exigimos que los tribunales vuelvan a iniciar las actividades por vía digital u otra herramienta tecnológica la cual sirva para la celebración de los casos que representa el Foro Penal”, dijo el abogado y vocero regional de la ONG. “El retardo procesal va a continuar y los presos políticos, que ya han esperado muchísimo tiempo, seguirán esperando la continuación de los juicios”.

En cuanto al estado de salud de los detenidos por motivos políticos, señaló que ni a los defensores ni a los familiares se les ha permitido saber cómo se encuentran. “Debemos recordar que se le debe garantizar el derecho a la salud a cada una de las personas privadas de libertad. No solo a los presos políticos, sino a todas las que hoy se encuentran privadas de libertad”, sentenció Betancourt.

Hizo referencia al caso de Antonio Garbi, quien forma parte del grupo de 28 presos políticos pertenecientes a Carabobo. Garbi tiene cinco años detenido sin la celebración a un juicio, a pesar de que el Código Orgánico Procesal Penal establece que si a una persona no se le ha celebrado un juicio por más de dos años, esta debería estar en libertad.

Pronunciamiento de otras organizaciones

Desde marzo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha dictado cinco resoluciones en las que estableció que ningún tribunal despachará por el lapso de un mes, que las causas en curso permanecerán “en suspenso” y los plazos procesales “no correrán” debido a la cuarentena enmarcada en el decreto de estado de alarma por la pandemia de COVID-19.

En las resoluciones el máximo tribunal fue específico al explicar que se tomarían las debidas previsiones para que no sea suspendido el servicio público de administración de justicia y, entre ellas, destaca que sus salas Constitucional y Electoral y algunos tribunales penales estarán de guardia para tramitar amparos. Pero en la práctica esto no se ha cumplido, agudizando el retardo procesar preexistente.

“Nos preocupa sobremanera que los sucesivos decretos de estado de alarma dictados desde el 13 de marzo se hayan convertido en una excusa para que el Estado venezolano no garantice el acceso a los órganos de justicia, el debido proceso y la libertad personal”, señalaron en un comunicado conjunto las organizaciones no gubernamentales Acceso a la Justicia y Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), publicado el 13 de agosto.

La Constitución, en su artículo 26, es clara al ordenar al Estado que ofrezca a los ciudadanos una justicia gratuita, accesible, imparcial y expedita. Y el artículo 2 de la Ley Orgánica de Estados de Excepción estipula que el decreto que declare los estados de excepción no interrumpe el funcionamiento de los Poderes Públicos. “Exigimos que dichos mandatos sean cumplidos por el TSJ durante la actual crisis sanitaria”.

 

 




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