(Foto EFE)

La expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) recibió este sábado en su apartamento de Buenos Aires a la exmandataria de Brasil Dilma Rousseff (2011-2016), con quien conversó sobre la utilización del aparato judicial como arma para destruir a la política y a los lideres opositores.

Según informó la propia Fernández en una carta abierta, entre otros temas, ambas políticas conversaron sobre una realidad que a su juicio se está imponiendo en los dos países.

“Un proceso que se denomina mundialmente Lawfare y consiste en la utilización del aparato judicial como arma para destruir a la política y a los lideres opositores”, añadió la actual senadora apenas dos días después de que un juez pidiera a la Cámara Alta que vote despojarla de sus fueros como parlamentaria para poder ser detenida por una de las múltiples causas que la afectan.

La viuda del también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) calificó de “entrañable” el encuentro en su casa del barrio porteño de Recoleta con la “compañera Dilma”, quien llegó a Buenos Aires tras participar en Montevideo del XXXI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología (Alas) de Uruguay.

No obstante, la expresidenta brasileña, que en 2016 fue objeto de un juicio político que concluyó con su destitución, habló en ese foro de la persecución judicial que a su juicio también vive el exmandatario de su país Luiz Inácio Lula da Silva, a quien según ella los partidos de centro y derecha quieren destruir por una “guerra política”.

En este mismo sentido, para Fernández existe “una matriz” que tiene “otra pata fundamental en los medios de comunicación, una instancia central en esta estrategia de persecución”.

“El objetivo es el mismo en Brasil y acá: ocultar el desastre económico que están llevando a cabo los gobiernos neoliberales en la región”, concluye en su carta.

La senadora definió este jueves como un “exceso” y una violación del Estado de derecho que el juez Claudio Bonadio la procesara con prisión preventiva -aunque sigue en libertad por la inmunidad de arresto que le proporcionan los fueros parlamentarios- por presuntamente encubrir a los iraníes acusados del ataque a una mutua judía en 1994.

“Estas medidas degradan aún mas a la justicia argentina y señalan al gobierno y al presidente Mauricio Macri como el máximo y verdadero responsable de una organización política y judicial para perseguir a la oposición”, apostilló Fernández en una rueda de prensa en la que negó todos los cargos y consideró que no tienen “asidero ni jurídico ni institucional”.

En la causa, abierta tras la denuncia que el fiscal Alberto Nisman realizó en enero de 2015 contra ella días antes de aparecer muerto en extrañas circunstancias, se investiga si un acuerdo suscrito entre Argentina e Irán en 2013 buscaba encubrir, a cambio de impulsar la relación comercial bilateral, a los imputados iraníes del atentado a la mutua AMIA, que dejó 85 muertos y sigue impune.




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