La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, dijo que «todo lo que ha ocasionado» por la convocatoria a la elección de una Constituyente que finalmente se celebró ayer como muertes, homicidios y «extorsión de los funcionarios públicos» para obligar a la gente a votar, representan delitos de lesa humanidad.
La fiscal señaló que el Ministerio Público ha recibido una importante cantidad de denuncias de personas que fueron obligadas a votar, que funcionarios públicos fueron amenazados y que otros ciudadanos recibieron la advertencia de que perderían beneficios sociales si se abstenían de participar en estos comicios.
«Eso yo no puedo, ni debo dejarlo impune», sentenció.
Ortega dijo que en caso de que el presidente, Nicolás Maduro, cumpla con la amenaza que ya hizo, de separarla de su cargo a través de la asamblea constituyente que fue elegida ayer y que aún no se ha instado, podría acudir a instancias internacionales para denunciar estos delitos.
«Porque los delitos de lesa humanidad los pueden conocer los organismos internacionales, con todo el cúmulo de pruebas que tenemos para garantizar se sancione a los responsables», señaló la funcionaria que hasta hace poco fue una aliada del Gobierno y que ahora se ha convertido en una severa crítica.
La fiscal recordó que tiene las pruebas de que 25 % de las 121 muertes que se han producido en el marco de la ola de protestas antigubernamentales que se desarrollan desde el 1° de abril fueron «producto de la acción de los cuerpos de seguridad del Estado».
También alertó que 40 % de esos fallecimientos son «responsabilidad de civiles armados que actúan en contra de los manifestantes».
«Esto sin contar las innumerables denuncias por torturas, lesiones, tratos crueles, detenciones arbitrarias, violaciones del domicilio y destrucción de la propiedad privada», agregó.
La abogada comentó que es «lamentable» que Maduro, «el principal promotor de esa constituyente presidencial», haya manifestado ayer tras el anuncio de los resultados del proceso electoral que lo primero que tiene que hacer esa asamblea es «reestructurar el Ministerio Público». Al tiempo que criticó, en este sentido, que el presidente «ya le está dando órdenes a la Constituyente».
«No es atacar el hambre, no es atacar la escasez de medicamentos y alimentos no, eso no es lo prioritario, es acabar con este Ministerio Público, eso es lo primero que va a hacer la Constituyente y acabar con todo aquello que sea un obstáculo para el poder absoluto», apuntó.
A su juicio, el oficialismo lo que quiere es «gobernar sin moral» y sin control del Ministerio Público ni del Parlamento de mayoría opositora lo que llevará a que no exista forma de controlar los bienes y dineros públicos. «Es por eso que quieren salir de mi», aseguró.
