Foto: Efecto Cocuyo.

Más de un mes ha transcurrido y la familia de Lisbeth Ramírez Montilla, una de las siete víctimas de la presunta ejecución extrajudicial denominada por la Asamblea Nacional (AN) como «la masacre de El Junquito», no ha sido contactada por fiscales del Ministerio Público.

Así lo afirmó el representante legal de los Ramírez Montilla, Walter Márquez, a Efecto Cocuyo, quien prepara el historial del caso para presentarlo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) el lunes 26 de febrero.

“Esta situación es extensiva a todas las demás víctimas, lo que quiere decir que no hay una investigación abierta en Fiscalía», indicó Márquez. Él y el equipo de abogados preparan aún el petitorio de exhumación del cadáver para introducirlo en el Ministerio Público.

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