El Foro Económico Mundial sobre Latinoamérica que comenzó ayer en Sao Paulo aborda especialmente por primera vez el impacto de la corrupción en el desarrollo de la región, y lo hace sobre el terreno, en Brasil, origen de la mayor trama internacional de sobornos y peculado conocida hasta ahora.

La decimotercera edición de este foro anual congrega en Sao Paulo a unos 750 personalidades mundiales, según dijo a EFE su directora, la excanciller salvadoreña Marisol Argueta de Barillas, quien anticipó que el tema de la corrupción ya no es un tabú en las agendas latinoamericanas, sino que por el contrario, se aborda con franqueza.

El caso Odebrecht, que inevitablemente planea sobre la celebración del Foro, constituye la prolongación al escenario internacional del entramado judicial conocido como “Lava Jato”, que investiga los sobornos de las principales constructoras de Brasil para adjudicarse obras del gigante estatal Petrobras y que ha sumido al país en una crisis institucional y económica de resultados aún inciertos.

El ejemplo más notable de repercusión política fuera de Brasil del proceso Odebrecht ha sido hasta ahora el de Perú, donde, entre otras muchas personalidades, están implicados, investigados, acusados o encarcelados todos los presidentes de la república que sucedieron a Alberto Fujimori (1990-2000), indultado a finales de 2017 por el presidente Pedro Pablo Kuczynski tras cumplir parcialmente una condena de 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad y corrupción.

Alejandro Toledo, inmediato sucesor de Fujimori, se encuentra en Estados Unidos huido de la Justicia peruana, que justo ayer aprobó pedir a EEUU su extradición bajo la acusación de haber recibido de Odebrecht un soborno de 20 millones de dólares cuando era presidente de la república (2001-2006).

El actual presidente peruano, primer ministro y titular de Economía durante el mandato de Toledo, Pedro Pablo Kunczynski, salió reciente y temporalmente airoso de un proceso de destitución en el Congreso bajo el señalamiento de haber recibido dinero de Odebrecht.

El vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, ha sido condenado a seis años de cárcel por el delito de haber recibido 13,5 de los más de 33 millones de dólares que Odebrecht ha confesado destinar a sobornos en Ecuador.

En Panamá, el país donde Odebrecht es el principal contratista del Estado con inversiones que superan los tres mil millones de dólares desde 2006, están procesadas 68 personas por los sobornos de la multinacional, entre ellas varios exministros y dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014),

Martinelli se encuentra encarcelado en EE.UU. a la espera de ser extraditado a Panamá por los supuestos delitos de malversación de fondos públicos y de realizar escuchas telefónicas ilegales.

El actual presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, admitió que su partido recibió dinero de Odebrecht para sus campañas electorales, pero aseguró que fueron donaciones, no sobornos.

En República Dominicana, donde Odebrecht admitió haber pagado sobornos por 92 millones de dólares, hay 14 personas acusadas y en libertad bajo fianza, entre ellas el exministro de las carteras de Comercio y de Economía Temistocles Montás, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PDL), actualmente en el gobierno.

En Colombia, la Corte Suprema de Justicia condenó el pasado 28 de febrero a seis años y ocho meses de prisión al senador oficialista Bernardo Miguel Elías por los delitos de cohecho y tráfico de influencias en el pago de sobornos que hizo Odebrecht.

También en Colombia están encarcelados a la espera de juicio el exviceministro de Transporte Gabriel García Morales y el exsenador Otto Bula, ambos por los delitos confesos de haber recibido sobornos de Odebrecht de 6,5 y 4,6 millones de dólares, respectivamente.

En Argentina, México, Chile y Venezuela no han prosperado las investigaciones abiertas o denuncias realizadas a raíz de las confesiones en Brasil de los ejecutivos de Odebrecht.

En Brasil, el caso Odebrecht es solo una parte del entramado judicial conocido como “Lava Jato”, que investiga los sobornos de las principales constructoras del país para adjudicarse obras del gigante estatal petrolero Petrobras y que ha remecido los cimientos del poder político y económico del país.

El expresidente y dueño de la multinacional Marcelo Odebrecht fue condenado en 2016 a 19 años de cárcel, pero abandonó la prisión en que se encontraba el pasado 18 de diciembre para cumplir su pena atenuada en régimen de arresto domiciliario a cambio de sus delaciones.

Marcelo Odebrecht aseguró a la Justicia que su empresa pagó 13 millones de dólares para gastos particulares tras su salida del gobierno al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), condenado a 12 años de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero.




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