La Justicia francesa abrió este lunes un proceso contra la aerolínea yemení Yemenia Airways por su presunta responsabilidad en el accidente que sufrió en 2009 uno de sus aviones, que causó la muerte a 152 personas al estrellarse cuando se aproximaba a su destino en las Comores, en el Índico.
La presencia entre esas víctimas de 66 franceses justifica la celebración en el Tribunal Correccional de París de este juicio, que va a desarrollarse durante cuatro semanas, en las que no está presente ningún responsable de Yemenia Airways, acusada de homicidios y heridas involuntarias.
El único superviviente del siniestro, que se produjo en la noche del 29 al 30 de junio de 2009 a pocos kilómetros de la costa, fue una niña que tenía entonces 12 años, Bahia Bakari. Viajaba junto a su madre y estuvo durante once horas sujeta a uno de los restos de la aeronave que quedaron flotando en el mar hasta que fue rescatada por un barco de pesca.
Francia juzga a la aerolínea Yemenia
Su testimonio, previsto para el lunes de la semana próxima, será uno de los puntos fuertes de este proceso para el que se han constituido en acusación particular 560 personas.
Los franceses que iban a bordo habían iniciado su viaje en París y Marsella e hicieron escala en Saná, la capital de Yemen, donde embarcaron en el vuelo 626 de Yemenia con un avión que había salido en 1990 de las fábricas de Airbus y que, según las conclusiones de los investigadores, no tuvo responsabilidad en lo ocurrido.
Los peritos franceses, que durante mucho tiempo reprocharon a las autoridades yemeníes su falta de cooperación, determinaron que el accidente se produjo por una serie de «acciones inadaptadas» de la tripulación en las maniobras de acercamiento al aeropuerto de Moroni, capital de Comores, que condujeron a la pérdida de control.
Pero más allá de esos «dramáticos errores» de los pilotos, los jueces instructores también recriminaron a la aerolínea haber mantenido los vuelos nocturnos a Moroni pese a que habían constatado desde hacía tiempo fallos en las luces de balizas, así como «insuficiencias» en la formación de la tripulación.
La aerolínea, que niega su responsabilidad penal, se expone a una multa de 225.000 euros por los cargos que se le imputan.
