Dayrí Blanco | @DayriBlanco07
La medida se ejecutó. No hubo mediación oficial que lo impidiera. Ni la presencia del vicepresidente del área económica y ministro de economía, Ramón Lobo, un dia antes evitó que llegara el temido mensaje. A las 6:00 p.m. del viernes 21 de abril el celular de los dos mil 778 trabajadores de General Motors Venezolana (GMV) sonó. Era un texto de un centro internacional de telefonía (call center) que informaba que la transnacional realizó un abono a su cuenta bancaria concepto de prestaciones sociales, por la finalización de su relación laboral el 19 de abril.
Fue una medida que confirma el cese de operaciones en el país de la firma aniñaríais hace dos días a través de un comunicado de prensa. Esto motivó que a más 10:00 a.m. se convocara una asamblea de emergencia en las instalaciones de la planta de GMV ubicada en la Zona Industrial Municipal Sur II. En plena reunión Fidel Ampueda, representante sindical, al otro lado del teléfono también lo confirma. La nómina quedo cesante.
La presencia de la plana mayor del Ejecutivo en materia económica y laboral como Miguel Pérez Abad, presidente del Banco Bicentenario; Francisco Torrealba, ministro del Trabajo; y Ramón Lobo, jefe de la cartera de Economía; planteaba otros escenarios. Pero la realidad es otra.
La situación en la transnacional se presentó desde la noche del 18 de abril con un comunicado emitido por la firma en el que informaba el cese de operaciones en Venezuela tras un embargo ejecutado por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción del Estado Zulia.
La razón de esta medida obedece a que un ex concesionario de Maracaibo embargó a la empresa por un total de 476 millardos de bolívares en activos. «La demanda originaria, relacionada con la cancelación de la concesionaria por ineficiente desempeño, carece de toda sustancia», alegó la gerencia de GMV.
La firma considera que la cifra solicitada excede toda lógica y haría inviable las actividades de la compañía en forma permanente. La empresa tiene la firme convicción de que el embargo es improcedente, “absurdo, fuera de la lógica jurídica y del debido proceso”.
La trasnacional aseguró a su personal que estaba presta a honrar los compromisos laborales por el rompimiento de la relación laboral y de acuerdo con las leyes venezolanas.
En asamblea realizada en la mañana de este sábado con la presencia del inspector del trabajo Douglas Quintero y Evert Forero procurador del estado, se decidió amparar a todos los trabajadores. La asamblea rechazó el proceso de pago pues lo bajo del monto erogado por la firma presumen que se trata de pasivos y no un monto donde incluya el pago correspondiente a un despido indirecto que incluya antigüedad, caja de ahorro, HCM.
