Una Misión Internacional a la que la ONU encargó investigar la situación de derechos humanos en Venezuela ha concluido que el presidente Nicolás Maduro y sus ministros del Interior y Defensa están involucrados en graves crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad del país, en el período 2014 a 2020. En su momento, estos funcionarios se negaron a atender a los expertos que investigaban la situación en Venezuela.
El informe publicado hoy por esa Misión ofrece amplia información «que demuestra que las autoridades del Estado –tanto a nivel presidencial como ministerial- ejercían poder y supervisión sobre las fuerzas de seguridad civiles y militares, y las agencias identificadas como autoras de las violaciones y crímenes documentados».
«La Misión tiene bases razonables para creer que tanto el presidente como los ministros del Interior y de Defensa contribuyeron a la comisión de los crímenes documentados en este informe», se señala en las conclusiones de la investigación.
El Ejecutivo de Maduro se negó a recibir a la misión
«Lamentamos que el Gobierno no haya respondido a ninguna de nuestras comunicaciones, ni siquiera cuando pedimos permiso para visitar el país y reunirnos con autoridades», explicó la presidenta de la Misión, Marta Valiñas.
A pesar de ello, la Misión consiguió reunir información suficientemente fundada que confirma el patrón sistemático y generalizado de abusos que afectan a la población en general.
De la responsabilidad de Maduro, el comisionado Francisco Cox Vial, uno de los integrantes del grupo investigador, dijo que la Misión obtuvo información que indica que el presidente ha dado en ocasiones órdenes directamente al director del Sebin para seguir a alguien en particular.
La persona en cuestión quedaba bajo vigilancia, se reunía información sobre ella, se interceptaban sus comunicaciones y luego se le detenía sin orden judicial, «solo porque había una orden del presidente», explicó.
Cuando se trataba de reprimir a un oponente, no sólo éste era la víctima, sino también lo eran sus familiares, amigos, colegas y activistas que lo defendía, y ahora se sabe que en muchos casos el SEBIN «falsificó evidencia», para lo cual colocaba una supuesta prueba de delito en la casa de la víctima, sobre todo armas.
Otra táctica ha consistido de distorsionar el resultado de redadas en casas o inspecciones de vehículos.
Entidades de seguridad involucradas
Las graves violaciones de los derechos humanos denunciadas se perpetraron en operaciones realizadas por toda la gama de entidades de seguridad estatal en Venezuela: la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), incluida la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y las Fuerzas de Acción Especial (FAES).
También figuran el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), el Servicio Nacional de Inteligencia (Sebin), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y las fuerzas policiales estatales y municipales.
Informe abarca de 2014 a 2020
Los investigadores han recogido evidencias de que a pesar de que las autoridades -desde los responsables de las entidades involucradas hasta políticos- tenían conocimiento de los crímenes que se han cometido desde 2014 hasta ahora (periodo que cubre el informe) incluso ayudaron a que se cometieran con las políticas y planes que adoptaban.
«Las autoridades dieron ayuda esencial, incluida material, logística y en recursos humanos, que era necesaria para las operaciones de seguridad e inteligencia que resultaron en la comisión de los crímenes», denuncia el informe, que será presentado la próxima semana al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Tortura sistemática
Por otra parte, la Misión descubrió numerosos actos de tortura, como palizas, asfixia con agua o productos tóxicos, violencia sexual, mutilaciones, descargas eléctricas y diversos modos de tortura psicológica.
A algunos detenidos se les ha obligado a permanecer desnudos durante varios días.
Todo ello tenía el objetivo de hacerles firmar «confesiones» o documentos testificando que se habían respetado sus derechos.
Otro aspecto menos conocido de estos crímenes es que en muchos casos las víctimas eran delincuentes menores o personas que supuestamente pertenecían a bandas criminales, quienes eran ejecutados para eliminar lo que el gobierno considera malos elementos.
Ello ha ocurrido sobre todo en operaciones policiales, donde los agentes recibían autorización para matar, aunque la versión oficial afirmaba que la víctima había muerto porque se resistió al arresto o abrió fuego.
La Misión menciona en su informe que cree que la Policía encubría los asesinatos simulando confrontaciones, destruyendo pruebas, poniendo una pistola en la mano de la víctima y disparando para que queden rastros de pólvora.
En casi todos los casos investigados se encontró que la Policía prácticamente saqueaba la casa de la víctima, llevándose alimentos, ropa, aparatos electrónicos y todo bien de valor.
Varias fuentes contaron a los comisionados que esto se había convertido en un incentivo para asesinar, en vista de los bajos salarios de los policías. EFE
