En el Informe Mujeres Presas Políticas en Venezuela recientemente presentado, el Observatorio Nacional de Derechos Humanos (ONDDHH) relata 19 historias de detenidas, esposas, compañeras, madres separadas cruelmente de sus hijos, todas acusadas falsamente y vinculadas con casos en los que su participación no se ha podido comprobar.
Un trabajo publicado por la web de Infobae, resalta las historias de estas 19 damas a las que se les han pisoteado sus derechos.
Emirlendris Carolina Benítez Rosales
Esposa de Yolmer Escalona, vinculado al caso de los drones que sobrevolaron la avenida Bolívar de Caracas en el acto militar del 4 de agosto de 2018, en un intento de magnicidio. Resultó detenida el 5 de agosto en el estado Portuguesa junto a su esposo. Su familia tuvo noticias suyas 10 días después de la aprehensión: se encontraba en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Le imputaron delitos de Homicidio Calificado Frustrado, Terrorismo, Traición a la Patria, entre otros.
Benítez Rosales estaba embarazada para el momento de su detención y sufrió un aborto. Se le sometió a brutales torturas que dejaron secuelas en su organismo y requiere ser tratada urgentemente. Tiene dos hijos a los cuales no ha vuelto a ver.
Ángela Lizbeth Espósito Carrillo
Bióloga nacida en Venezuela con nacionalidad española, egresada de la Universidad Simón Bolívar, dedicada al área de la investigación para proyectos de conservación de faunas. Era directora de la ONG Fundanimal. Le detuvieron funcionarios del Sebin el 22 de septiembre de 2018, señalada de encubrir a uno de los vinculados al caso de los drones. No participó, pero le imputaron por asociación para delinquir, financiamiento al terrorismo y encubrimiento.
Su casa resultó allanada sin orden judicial e incautadas todas sus pertenenciasse ha convertido en víctima de torturas, tratos crueles e inhumanos y degradantes por parte de los funcionarios que practicaron su detención y que tienen a su cargo la custodia, destaca el ONDDHH. Sigue recluida en el Sebin, sometida a un juicio violatorio del debido proceso.
Yanín Fabiana Pernía Coronel
De 24 años de edad, oriunda del Táchira, terminó detenida el 5 de agosto por funcionarios del Sebin en Barinas, vinculada al caso de los drones. Víctima de brutales torturas por parte funcionarios, tales como aislamiento, descargas eléctricas en todo el cuerpo, diferentes tipos de asfixias, sometida a bajas temperaturas sin ropa y mojada, golpeada en la cara con el puño.
Se le presentó ante el Tribunal 1° de Control con Competencia en Terrorismo, con visibles rastros de tortura. Le imputaron los delitos de terrorismo y homicidio en grado de frustración, entre otros.
María Auxiliadora Delgado Tabosky
Detenida y presa por ser familia de un militar retirado. El 19 de marzo 2019, funcionarios de la Dgcim allanaron su vivienda, y la detuvieron junto a su esposo Juan Carlos Marrufo Capozzi: luego de presentarla ante el tribunal, le imputaron por financiamiento al terrorismo y le fue decretada la privación judicial preventiva de libertad.
El 6 de mayo 2019, el Tribunal acordó las medidas cautelares de María Auxiliadora y su esposo y libró las boletas de excarcelación. Pero el 30 de septiembre 2019, los fiscales del Ministerio Público solicitaron nuevamente orden de captura por traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de frustración, entre otros delitos.
Las hermanas Alemán
Yolimar y Andreina Alemán Castellano están presas por ser hermanas del teniente Richard Alemán. En la madrugada del jueves 20 de abril de 2020, funcionarios de la DGCIM allanaron su vivienda sin orden judicial, buscando a su hermano por un intento de asalto del parque de armas de la Brigada 441, ubicada en Los Teques, pero al no localizarlo se llevaron a las hermanas y a dos familiares más.
A Yolimar la detienen junto a su esposo Ericson Chaya; son los padres de una niña y un niño.Siguen detenidos en la sede del Dgcim.
Marifrancys Marcano y Ana María Pernía
Juan Rafael Romero, hijo del coronel Oscar Pérez Romero (65), denuncia la detención y desaparición forzada de su padre, su esposa Noraima Laviana, la dueña de la casa Marifrancys del Carmen Marcano Vásquez, la amiga Ana María Pernía y el Sargento Leonardo Carrillo, por funcionarios del Sebin, el 25 de abril de 2020, cuando se trasladaban hacia su vivienda en Guarenas, estado Miranda. Durante un mes no se supo de su paradero, posteriormente se supo que la detención estaba relacionada con el asalto al destacamento 441 de la GNB en Puerta Morocha, Los Teques, Miranda.
El 15 de mayo fueron presentadas ante el Tribunal Especial Cuarto en Funciones de Terrorismo y les decretaron medida privativa de libertad por los presuntos delitos de traición a la Patria, financiamiento al terrorismo y terrorismo. Se encuentran detenidas en la Dgcim.
Karen Hernández Rodríguez y Carla Da Silva Marrero
Karen Hernández Rodríguez (dueña de la casa) y Carla Da Silva Marrero (amiga) terminaron detenidas el 16 de mayo de 2020 y vinculadas a la Operación Gedeón. Llevadas a audiencia de presentación y a la audiencia preliminar en las más oscuras circunstancias, dado que la misma se realizó en el Sebin, sin permitirles nombrar defensores de confianza.
Fueron acusadas por los delitos de traición a la patria, rebelión, conspiración con gobierno extranjero, tráfico ilícito de armas de guerra y asociación. Al no admitir los hechos, la causa pasó a la fase de Juico Oral y Público.
Ivonne Barrios
El 12 de septiembre Ivonne se encontraba en su casa, ubicada en Los Puertos de Altagracia, estado Zulia, repentinamente ingresaron funcionarios de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) procediendo a detenerla junto a otras personas para trasladarlos al FAES en el Sector Manzanillo de Maracaibo. Se les presentó el 14 de septiembre de 2020 ante el Tribunal de Control de Cabimas, Zulia, que declinó la competencia a los Tribunales con competencia en materia de Terrorismo con sede en Caracas.
A Ivonne, se le vincula con el caso del “espía gringo”, un ciudadano estadounidense a quien su esposo le hizo una carrera de taxi. Esta recluida en la Dgcim a orden del Tribunal Cuarto Contra el Terrorismo en Caracas, separada de su familia. Tiene un hijo que vive en el Zulia, al cual no ha podido volver a ver.
Yelut Naspe Inistra Villavicencio
Detenida el 16 de diciembre de 2015 por presuntamente estar incursa en el ataque contra la Policía del estado Aragua en agosto de ese año. Delincuentes lanzaron una granada hacia el módulo policial de la comunidad de San Vicente, estado Aragua, donde murió un joven oficial. Sin embargo, la misma policía indico que fue un ataque por parte de una banda delincuencial.
Bastó que se publicara un audio del entonces presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, en el que se vinculaba a Yelut Naspe con el suceso para que fuera detenida y sometida a un injusto proceso penal, a pesar de que ella vivía y estaba en Caracas para el momento del hecho ocurrido a más de 100 kilómetros de distancia.
Naspe era comerciante servicios funerarios, así como activista del partido Primero Justicia. Se desconoce dónde está recluida actualmente, aunque se cree que está en el Instituto de Orientación Femenina (INOF). “Es la presa política más antigua y también la más olvidada”, sentencia el Observatorio Nacional de DDHH.
Samaira Romero Armario
Sargento de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) egresada de la Escuela de Formación de Guardias Nacionales de Cordero, Táchira, detenida por la Operación Gedeón y “sometida a torturas, tratos crueles e inhumanos y degradantes para el momento de su captura en el estado Aragua”, revela el ONDDHH.
Está acusada por traición a la Patria, rebelión y conspiración con gobierno extranjero. Está recluida en el Sebin.
Diana Daniela Díaz
Tiene 21 años, es madre soltera y era sostén de familia. Para el momento de su detención estaba en periodo de lactancia de su bebe, de la cual fue separada y no la ha vuelto a ver, pues toda su familia reside en Apure. Su niña está en manos de la madre quien vende café en el Mercado Municipal de Apure para mantenerse.
Le imputan los delitos de espionaje, entre otros, luego que un funcionario dijera que otro funcionario desertor le dijo, en una conversación telefónica, que Diana conocía de un supuesto plan, que nunca ocurrió, para sustraer unas armas en el estado Táchira.
Ha estado sometida a torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes. Está recluida en la Cárcel Nacional de Procesamiento Militar, Ramo Verde.
Shaquira Betania Pérez Gudiño
Teniente de la Guardia Nacional, con 24 años de edad. Desde agosto de 2017 prestaba servicio en el Destacamento de la GNB en el Palacio Federal Legislativo. Le detuvieron junto a otro grupo de militares y civiles en el Distribuidor Altamira, por participar en la Operación Libertad del 30 de abril de 2019, acusada de los delitos de rebelión y asociación para delinquir. Está recluida en la cárcel militar de Ramo Verde, donde se le ha sometido golpes, maltrato físico y psicológico, asfixia, entre otras torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes.
Yusimar Elisneth Montilla Ortega
Sargento Técnico Segundo del Ejército, tiene 24 años de edad. Se le señala de estar presuntamente involucrada en el supuesto plan de tomar la 32° Brigada de Caribe, conocida como Fuerte Paramaconi y la detención de la Gobernadora del estado Monagas Yelitza Santaella, en 2017. Tenía para el momento siete meses de embarazo. Le fueron imputados los delitos de rebelión y traición a la Patria. Sometida a torturas y tratos crueles e inhumanos, procesada y acusada, dio a luz a una niña de la cual fue separada al nacer. Está privada de libertad y en condiciones precarias, sin recibir alimentación adecuada.
Yurimar Rengel
Otra detenida por funcionarios de la Dgcim en el año 2019 por el caso de la gobernadora de Monagas. Dos años después de un supuesto plan que nunca ocurrió, resultó detenida y presentada ante el Tribunal Tercero Militar del estado Monagas en el que se le decretó privación de libertad por los delitos de rebelión y traición a la Patria y trasladada al Departamento de Procesados Militares.
Carla Yancelis Antón Farías
Más del Caso Gobernadora de Monagas. La teniente del Ejército Carla Yancelis Anton Farías se desempeñaba como parquera del Fuerte Paramaconi, cuando el dia 17 de junio de 2017, luego de entregar su guardia, se le llamó para una entrevista dentro del mismo Fuerte Paramacay, una excusa para entregarla a funcionarios de la Dgcim. Sometida a tratos crueles e inhumanos, negándole comida y agua, no se le permitió la visita de abogados y mucho menos contacto con sus familiares. Permaneció en la cárcel de Ramo Verde 4 meses y 23 días, hasta que finalmente la trasladaron al anexo militar de la cárcel La Pica.
Lisbany Esther Aguilar López
Sargento 2do de la Armada Nacional Bolivariana. Para el momento de su detención laboraba en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). El 14 de mayo de 2019 le detuvieron funcionarios de la Dgcim en Valencia y la trasladaron bajo engaño a la Dgcim Caracas, para someterla a varios interrogatorios relacionados con el supuesto plan de fuga del Mayor General Miguel Rodríguez Torres. Está recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) en Los Teques, estado Miranda, donde durante su ingreso resultó brutalmente golpeada por las otras mujeres detenidas en el lugar.
Con información de Infobae.
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