La candidata presidencial colombiana Íngrid Betancourt compareció este jueves ante la Corte Suprema en la indagación preliminar contra la exsenadora Piedad Córdoba por las revelaciones de que supuestamente habría demorado deliberadamente, y para rédito político, la liberación de rehenes de las extintas FARC.
Betancourt fue citada ayer después de que el domingo una investigación de Noticias Caracol publicase que en una declaración ante la Fiscalía, Andrés Vásquez, exasesor de Córdoba, aseguró que la exsenadora quería darle el mérito de la liberación de secuestrados, entre ellos el de Betancourt, al entonces presidente venezolano, Hugo Chávez, para que a su vez, este le «catapultara» a ella a la Presidencia colombiana.
Hicimos un batido de todo lo que fue la liberación del cautiverio y de muchas cosas, comentó a los medios a la salida de la Corte la actual candidata presidencial por el partido Verde Oxígeno que repitió: «no puedo comentar mucho» para no interferir en el proceso judicial.
Íngrid Betancourt declara ante Supremo
Yo creo que la verdad se va a saber, eso es lo que estamos esperando las víctimas, que se haga total claridad sobre todos estos eventos y creo que a medida que vayan pasando los días vamos a ir conociendo más cosas, estimó Betancourt, quien fue secuestrada por las FARC el 23 de febrero de 2002 cuando era candidata por el mismo partido y rescatada más de seis años después por las autoridades.
Betancourt aseguró que, a pesar de que no se ha probado que lo dicho por el exasesor de Córdoba sea cierto, para ella sí hay culpabilidad de la política, quien actualmente es candidata al Senado de nuevo por el izquierdista Pacto Histórico.
Córdoba, por su parte, publicó un comunicado en el que desmiente que ella dilatase la liberación de ningún secuestrado y niega su pertenencia a las FARC.
Allí calificó de «caza de brujas» y «linchamiento política» las acusaciones en su contra.
Nunca hice parte de la organización armada y no tenía posibilidad de incidencia alguna en sus decisiones político-militares. Mi contacto con las FARC-EP, avalado por dos estados, se da en el marco de la búsqueda de un intercambio de prisioneros acorde al DIH y de gestos humanitarios unilaterales, aseguró Córdoba en el escrito.
