Un informe de Transparencia en las Comunicaciones 2021 de la multinacional española Telefónica, al que la Voz de América tuvo acceso, señala que en Venezuela, su filial Movistar contabilizó al menos un millón 584 mil 547 líneas telefónicas afectadas por “solicitudes de interceptación legal” por parte de las autoridades venezolanas.
Ello representa “más del 20%” de las líneas de teléfono de internet y son significativamente más altas que en el resto de la región en donde la compañía española opera servicios de telefonía móvil, resalta VE Sin Filtro, una organización que defiende los derechos digitales y se dedica al monitoreo y documentación, con criterio técnico, de censura en internet y otras amenazas a los DDHH.
Telefónica también refiere que han registrado 149 mil 152 solicitudes de “metadatos asociados a las comunicaciones”, lo que se refiere a los datos del suscriptor (nombre, cédula, dirección), pero también información como número de mensajes y llamadas recibidas, de quién, a qué hora, la frecuencia e incluso dirección de IP.
“En Venezuela se ha hablado por años de la prevalencia de llamadas pinchadas y el monitoreo excesivo e injustificado de otras formas de comunicación, pero por primera vez hay un rastro del alcance de esta amenaza a los derechos civiles. Aunque la interceptación de comunicaciones puede ser una herramienta para investigar crímenes graves, su uso debe estar acorde con los estándares de DD.HH.”, alerta VE Sin Filtro.
“Autoritarismo digital de China” a la medida de Venezuela
El Ministerio Público (MP), a través de sus fiscales, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) -previa solicitud del MP y autorización del juez correspondiente-, son algunas de las autoridades competentes, precisa el informe.
Consultado por VOA, Andrés Azpurua, director ejecutivo de VE Sin Filtro y Venezuela Inteligente, explica que no hay manera de saber a quienes les han interceptado las comunicaciones, pero aclara que sí tienen maneras de tener alguna precisión.
“Algunas de las personas cuyas comunicaciones han sido interceptadas incluyen ONG o actores cívicos. La escala es muy grande y esto indica que es un abuso sistemático. No hay manera de esconder esto bajo investigaciones penales legítimas, esto se nota que es un tema abusivo y excesivo de parte del Estado”, advierte.
Para Azpúrua, lo más preocupante del informe, en cuanto al caso Venezuela, es la “cantidad” de “líneas afectadas por estas escuchas, pinchazos, intercepciones de telecomunicaciones”.
“No son solo las llamadas, va mucho más allá, cuando se interceptan las comunicaciones de una línea de teléfono pudieran estar viendo el contenido de las llamadas, la ubicación del teléfono en tiempo real, los mensajes de texto, incluyendo los mensajes de texto de los códigos de verificación que te puedan estar mandando diversos servicios”, detalla.
Azpúrua resalta que no existe información sobre si pudiera estar ocurriendo “algo similar” en operadoras telefónicas venezolanas, entre ellas, la estatal CANTV, pero considera que es muy probable y “hasta peor”.
“Complicidad”
Andrés Cañizález, profesor universitario especialista en derechos de libre información y de prensa en Venezuela, se declara preocupado por la “complicidad” de una empresa privada transnacional en lo que califica como prácticas propias de un “Estado policial”.
“Estamos hablando de una empresa privada que se hace cómplice de un Estado policial”, comenta el experto a la Voz de América, preguntándose, a su vez, qué tipo de presiones ejerce el gobierno madurista para obligar a una empresa privada a obedecer directrices que son claras violaciones a derechos civiles.
El caso admitido por Telefónica Movistar en su informe de transparencia sirve de evidencia a la comunidad internacional para ratificar el “historial” de un gobierno que se ha convertido en un “Estado policial”, opina.
La VOA no obtuvo un comentario inmediato de Tarek William Saab, fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y, de momento, el MP venezolano no se ha referido públicamente al informe.
No obstante, en 2020, el exdirector del Sebin, Manuel Christopher Figuera, quien se desmarcó del gobierno de Maduro, denunció que se “han empleado empresas de telecomunicaciones privadas para clonar números telefónicos e interferir correos” y se refirió puntualmente a Movistar.
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