Justicia de Guatemala da revés a Morales y anula expulsión de jefe de Cicig

El amparo fue solicitado el pasado domingo por el titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, después de que el presidente anunciara su decisión de declarar «non grato» y expulsar del país al comisionado, una postura que reiteró, tanto él como su Gobierno, en varias ocasiones.

La orden de Morales obedecía, según sus propios argumentos, a una supuesta «injerencia en asuntos internos» de Velásquez, y sostuvo que su acción se basó en el artículo 183, literal P, de la Constitución, que dice que el presidente tiene como función «recibir a los representantes diplomáticos, así como expedir y retirar el ‘exequatur’ a los cónsules».

Pero la decisión de este martes de la Corte «impugna el acto del presidente» al entender que este «actúa con ilegalidad», pues ese artículo no aplica y, además, «no cumplió con los preceptos constitucionales, específicamente el artículo 182 de la Constitución».

Este artículo dice que el presidente actuará «siempre con los ministros, en consejo o separadamente con uno o más de ellos», es decir, que la declaración de «non grato» al comisionado debió ir firmada por alguno de sus ministros, algo que no realizó.

Otra de las razones con las que el Constitucional razonó rebatir el acto presidencial es el artículo 12 del Convenio de Creación de la Cicig, del año 2007, que indica que para pedir la salida del comisionado el Gobierno de Guatemala debe llegar a un acuerdo con Naciones Unidas.

Es por ello que la resolución pidió a las carteras de Relaciones Exteriores (Cancillería), Gobernación (Interior), Defensa y Policía Nacional Civil que se abstuvieran «en forma definitiva» de ejecutar la decisión del presidente de expulsar al comisionado Velásquez.

La Fiscalía respondió a través de su vocera, Julia Barrera, que «respetan las resoluciones» de la CC y que siempre «mantuvo su apoyo incondicional a la gestión del comisionado, con quien de manera conjunta se han realizado investigaciones para desarticular estructuras criminales incrustadas en el Estado».

Por su lado, el ombudsman que solicitó el amparo en favor de Velásquez dijo que el fallo fue «resuelto conforme a derecho», que «restablece el orden constitucional» en el país y que ayuda a «recuperar la armonía y la paz».

El titular de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, Alfredo Brito, dijo a Efe que se van a «respetar las decisiones judiciales», pero cuestionado por si se estudiarán otras medidas, se limitó a responder que el tema legal está bajo estudio de la Secretaría General de la Presidencia.

A pesar de que el mandatario dijo en su momento que su decisión de no responde a intereses personales, se produjo después de que la propia Cicig y la Fiscalía solicitarán retirarle el fuero para que sea investigado por un presunto delito de financiación electoral ilícita durante la campaña que lo llevó al poder en el año 2015.

También a unos días, concretamente este miércoles, de que inicie el juicio por un caso de fraude contra su hijo y hermano, José Manuel y Sammy Morales, respectivamente, en una investigación que se remonta a 2013.

La decisión de Morales de declarar no grato al titular de la Cicig provocó protestas en las calles, además de la renuncia de la ministra de Salud, Lucrecia Hernández Mack, y de varios de sus viceministros, así como del comisionado para la Competitividad, Enrique Godoy, y de la vicecanciller encargada de asuntos migratorios Ana María Diéguez.

Por motivos que se desconocen oficialmente, Morales destituyó a su canciller, Carlos Raúl Morales, y al vicecanciller Carlos Martínez, quienes habían recibido la orden presidencial de cumplir con los procesos para que Velásquez abandonase Guatemala