Es evidente que la estrategia de Donald Trump consiste en llevar el conflicto electoral hasta la US Supreme Court siguiendo la ruta del caso Bush-Gore. Veamos:

Obvio que las posibilidades de Donald Trump están centradas en lograr una decisión favorable de la Corte Suprema de Estados Unidos, camino nada fácil porque se requiere de una buena argumentación sobre la violación de un derecho constitucional y sólidas evidencias que lo respalde como ocurrió en el caso mas parecido como fue el de las elecciones del año 2000 que quedaron pendiendo de un hilo entre George W. Bush y Al Gore, y que -como lo expliqué en mi artículo anterior- se resolvió gracias al fallo que se produjo ante un recurso conocido como Writ Certiorari que Bush interpuso ante el Máximo Tribunal pidiendo la anulación de los resultados de un recuento de votos que se realizó en varios Condados de Florida sin contar con un mecanismo uniforme para ejecuarlo, con reglas claras sobre cuales defectos producirían la nulidad de cada papeleta escrutada. Esa falta conllevó a la aplicación arbitraria de cuales votos eran nulos y cuales no lo eran. Este proceder caprichoso llevó a resultados que fueron violatorios de la Cláusula de Protección Igualitaria de la 14ª enmienda de la Constitución. Allí hubo una argumentación sólida, debidamente respaldada con pruebas, y, muy importante: los votos que por tales defectos se anulaban eran suficientes como para reconocer la victoria electoral al demandante.

¿EXISTEN CIRCUNSTANCIAS SIMILARES?
Mucho se dice sobre fraude electoral en esta oportunidad, pero no basta el alegato. Para llevar el caso ante la US Supreme Court se necesita: 1) Demandar la nulidad por ante los tribunales de base donde se cuestionen los resultados, demandas que deben contener señalamientos específicos sobre los hechos irregulares. 2) Que esos tribunales hayan rechazado las demandas. 3) Agotar los recursos de apelación ante los tribunales del estado incluyendo las Cortes Supremas regionales y que estos no hayan sentenciado la nulidad. 4) Entonces es cuando se puede ir con un recurso ante la Corte Suprema bajo el alegato de que los resultados avalados en esos tribunales han constituido violaciones a la Constitución. Esa fue la ruta seguida en el citado caso Busch-Gore

TODO ESTO TIENE UNA FECHA LÍMITE
Esta es la ruta y fechas a ser cumplidas: los gobernadores deben remitir al Congreso un informe de verificación con los totales de los votos certificados en cada estado así como también el nombre de los “compromisarios” que serán quienes emitan el voto final para presidente, esta actividad tiene como límite el 14 de diciembre cuando debe reunirse el Colegio Electoral que en definitiva será el que elija al nuevo presidente. El 6 de enero el Congreso certificará esos resultados.

Todo esto indica que solo quedan mas o menos 30 días para el ejercicio de las acciones legales dirigidas a impugnar resultados, pero eso no es todo. Para llegar a la Corte Suprema no bastará que algunas de las impugnaciones muestren que numéricamente podrían hacer variar los resultados, además se requiere que tales variaciones sean suficientes para cambiar numéricamente los resultados finales a favor de determinado candidato pues de lo contrario sería un trámite inútil.

SOBRE LAS DENUNCIAS DE FRAUDE SISTÉMICO
Hasta ahora lo que mas se ha visto son reclamos fundamentalmente relacionados con el voto por correo y en la actividad de recuento sobre lo cual se han intentado varias demandas civiles, pero hay otra línea de actuación que es la de naturaleza penal que se desarrolla a partir de una directriz del Fiscal General William Bar dirigida a todos los fiscales federales para investigar denuncias significativas sobre irregularidades, y seguramente esto guarda relación con el escándalo que está generando la participación de empresas que manejan el sistema electoral a través de medios electrónicos que habrían infectado las máquinas como viene ocurriendo en Venezuela a través de la mafia de Smartmatic. Esto ya son palabras mayores. De comprobarse una maquinación fraudulenta nacional para alterar los resultados, la US Supreme Court podría dictar una sentencia que rompiera los esquemas tradicionales.

Por ejemplo, se está denunciando un fraude sistémico con la participación de empresas como Dominion Voting System y Smartmatic que habría demostrado la habilidad para con medios electrónicos cambiar el sentido de los votos, y que en este caso estaría actuando junto a Sequoia, de llegar a demosatrarse tal conjura mediante la demostración probatoria judicial específica de estos alegatos producirían un terremoto judicial y político en Estados Unidos de Norteamérica pero de lo contrario, si esas denuncias se quedan en palabras todo quedará igual.

OTRO ASPECTO, LA INVESTIGACIÓN FEDERAL POR DELITOS ELECTORALES
El Fiscal General de Estados Unidos, William Barr, emitió una directriz a todos los fiscales federales que en esta diatriba ha pasado un poco desapercibida, pero que es realmente importante y abre otra línea para la actuación de la US Supreme Court. Esto es el lineamiento que ha emitido: “Dado que las votaciones en las actuales elecciones concluyeron, los autorizo a investigar denuncias significativas de irregularidades en el voto y en el proceso de recuento, antes de la certificación de las elecciones en sus jurisdicciones…estas investigaciones o revisiones deben ser conducidas cuando hayan denuncias que sean claras y aparentemente creíbles de irregularidades, que si se comprobaran ciertas, podrían potencialmente tener impacto en el resultado de la elección federal en un determinado estado”.

Esa línea de actuación para investigar delitos electorales rompió con la hasta ahora vigente en el organismo según la cual cualquier investigación de esa naturaleza solo podría hacere una vez que los recuentos por reclamos estuvieran concluidos, certificados y adjudicados los cargos.

En verdad que no tiene sentido que se investigara los delitos electorales cuando ya hubiesen materializado sus objetivos, es decir proclamadas y en funciones las personas a favor de quiene se hayan ejecutado un fraude. Sentido tiene que no se permita que esos delitos materialicen resultados, por ejemplo que un candidato al que se le sumaron votos irreales sea investido de la autoridad presidencial. Y por el contrario, si todo se ha realizado honestamente, se tendrá un presidente libre de toda sospecha.

A partir de estas instrucciones del Fiscal Barr entrará en funciones el FBI que podrá recabar medios probatorios que para personas comunes y corrientes les resulta muy dificil o imposible para documentar demandas civiles de nulidad.

Esta línea de ataque

.1) COMO SE ORGANIZA Y FUNCIONA EL ESTADO NORTEAMERICANO
El sistema federal de gobierno de EEUU implica una coexistencia de dos sistemas de justicia, uno regional y otro nacional o federal. Cada estado es como un país independiente, tiene su propio poder legislativo con cámaras de representantes (diputados) y senadores que hacen la ley del estado.

Los estados también cuentan con su propio poder judicia con tribunales de primera instancia o de otras denominaciones. También tienen sus tribunales para la segunda instancia y sus propias cortes supremas. En la cúspide del poder judicial tenemos a la US Supreme Court integrada por nueve magistrados que conocen de pocos casos donde estén en juego temas de interés nacional que guarden relación con los derechos establecidos en la Constitución. En otro artículo ahondaré sobre este tribunal y su historia.

De la misma manera en cada estado hay un poder ejecutivo que encabeza el gobernador y finalmente está el presidente de EEUU quien es elegido no por el voto popular directamente sino en una elección de segundo grado por el Colegio Electoral formado por personas que son designadas por

COMO LLEGÓ A ESA CORTE SUPREMA EL LITIGIO BUSCH-GORE
En una muy apretada elección estos dos candidatos quedaron casi empatados en números de votos

pero las decisiones de que allí se produzcan pueden tocar temas que correspondan a la jurisdicción nacional que es de la exclusiva competencia de la US Supreme Court y así fue como a ésta llegó el litigio entre George W. Bush y Al Gore por la presidencia en el año 2000. Se trató de una acción reclamando la violación al derecho al trato igualitario a los electores que en distintos Condados del estado de Florida tuvieron en disputa la validéz de sus boletas de votación.

LA CLÁUSULA DE PROTECCIÓN IGUALITARIA EN LA CONSTITUCIÓN DE EEUU
En el transcurrir del tiempo se le han venido agregando enmiendas a la Constitución, una de ellas que es la se dictó en el año 1868 en este caso corresponde es la Decimocuarta que estableció “La Protección Igualitaria” según la cual “ningún estado de los Estados Unidos podrá…negar a persona alguna dentro de su jurisdicción la protección igualitaria de sus derechos.”

Esta clásula permitiría el acceso a la intervención de la US Supreme Court en casos donde se denuncie por ejemplo el acceso de observadores a las actuaciones sobre el recuento de votos, o donde no exista un reglamento uniforme para ejecutar dicha actividad que fue lo que ocurrió en el caso Busch-Gore en el año 2000 cuando en los distintos Condados donde se contabilizaban de nuevo los votos sin atenerse a unas normativas únicas para el estado y se permitían interpretaciones diferentes, anárquicas y caprichosas sobre cuando un voto era legal o ilegal.

EL PRECEDENTE DEL CASO BUSCH-GORE
Una vez que se ordenó volver a contar los votos ante las dudas que muchos presentaban sobre la verdadera intención del elector, varios Condados se dispusieron a revisar no solo las boletas con marcados irregulares, sino que volvieron hacerlo con la totalidad de boletas que ya estaban escrutadas y contabilizadas como por ejemplo las que tenían doble marcados que eran unas 110.000 en todo el estado de Florida. La Corte asentó en su fallo otro elemento que implicaría la nulidad de la decisión del Tribunal Superior del estado que consistió en la falta de especificación de quién debería efectuar el recuento de las boletas por lo que tal actividad se las fueron adjudicando a juntas escrutadoras ad hoc que hasta prohibieron a terceros observadores formular objeciones. En resumen la Corte se pronunció en el sentido de que “El proceso de un nuevo cómputo en estas condiciones es inconsistente con los procedimientos mínimos necesarios para proteger el derecho fundamental de cada votante.”

SIMILITUD CON EL CASO ACTUAL
Las quejas de la campaña de Donald Trump radican básicamente en los votos por correo, unos que llegaron ya cerrado el proceso, otros que se emitieron sin control real de su origen, otros que fueron permitidos a personas que no lo habían solicitado previamente. Estas objeciones junto a las que pudieran presentarse por la falta de reglas uniformes para hacer el recuento podrían dar base para la intervención de la US Supreme Court con base a la citada Decimocuarta enmienta a la Constitución. Esto sin contar con que se presenten evidencias de varias de las denuncias formuladas por la campaña de Trump sobre votos de muertos; fraudulentas asignaciones de votos a Biden que fueron emitidos a favor de Trunp; eliminación arbitraria de papeletas, etc. Si estos reclamos llegasen a bajar los números a Biden y subirlos a Donald Trump la Corte podría dictar una sentencia que de alguna manera implicara la victoria de éste como por ejemplo fuera que anulara los fallos de las Cortes estadales ordenando un nuevo recuento pero bajo reglas uniformes que no existen y que elaborarlas sobrepasaría la fecha de inicio del nuevo período presidencial. Allí está la posibilidad real para el segundo mandato de Donald Trump…IMPOSIBLE NO ES…!!

OTRO ASPECTO, LA INVESTIGACIÓN FEDERAL POR DELITOS ELECTORALES
El Fiscal General de Estados Unidos, William Barr, emitió una directriz a todos los fiscales federales que en esta diatriba ha pasado un poco desapercibida, pero que es realmente importante y abre otra línea para la actuación de la US Supreme Court. Esto es el lineamiento que ha emitido: “Dado que las votaciones en las actuales elecciones concluyeron, los autorizo a investigar denuncias significativas de irregularidades en el voto y en el proceso de recuento, antes de la certificación de las elecciones en sus jurisdicciones…estas investigaciones o revisiones deben ser conducidas cuando hayan denuncias que sean claras y aparentemente creíbles de irregularidades, que si se comprobaran ciertas, podrían potencialmente tener impacto en el resultado de la elección federal en un determinado estado”.

Esa línea de actuación para investigar delitos electorales rompió con la hasta ahora vigente en el organismo según la cual cualquier investigación de esa naturaleza solo podría hacere una vez que los recuentos por reclamos estuvieran concluidos, certificados y adjudicados los cargos.

En verdad que no tiene sentido que se investigara los delitos electorales cuando ya hubiesen materializado sus objetivos, es decir proclamadas y en funciones las personas a favor de quiene se hayan ejecutado un fraude. Sentido tiene que no se permita que esos delitos materialicen resultados, por ejemplo que un candidato al que se le sumaron votos irreales sea investido de la autoridad presidencial. Y por el contrario, si todo se ha realizado honestamente, se tendrá un presidente libre de toda sospecha.

A partir de estas instrucciones del Fiscal Barr entrará en funciones el FBI que podrá recabar medios probatorios que para personas comunes y corrientes les resulta muy dificil o imposible para documentar demandas civiles de nulidad.

RESUMEN
La sentencia de la Corte Suprema en el caso Bush-Gore fue producto de un recurso contra la sentencia de la Corte de Florida que ordenaba un nuevo recuento en varios Condados de Florida, esto indica que en este caso Trump-Biden, para llegar a ese punto de la mas Alta Corte se necesita que una Corte regional haya dictado un fallo que lesione una normativa constitucional como sería el caso de que convalide un fraude demostrado sin lugar a dudas lo cual hasta ahora no ha ocurrido pues a pesar de las muchas denuncias públicas no se ha visto alguna específica, el caso mas reciente es el de Filadelfia donde hay una batalla judicial por mantener observadores cerca del lugar donde se efectúan recuentos de votos y también el tema de los recibidos por correo en fecha posterior al de las elecciones. La estrategia procesal del equipo de abogados de Donald Trump va encaminada llevar ese, o cualquier otro caso a la US Supreme Court en búsqueda de un fallo que le implique la permanencia por otros cuatro años en la Casa Blanca.

CONTINUARÁ…

@carlosramirezl3




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