La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) desmintió hoy al presidente del Supremo venezolano autodenominado en el exilio, Miguel Ángel Martín, quien aseguró que el Tribunal tiene reuniones de trabajo en la sede del organismo.

Un portavoz de la Secretaría General, que encabeza Luis Almagro, indicó que después del acto del día 13 de octubre la ceremonia de configuración del Tribunal no se han usado salones de la OEA para actividades del Supremo.

Martín se retractó de sus afirmaciones en la entrevista al admitir que el Tribunal Supremo de Justicia legítimo no funciona en la OEA. “Las visitas que hemos realizado algunos magistrados en la OEA han sido estrictamente institucionales y de cortesía”.

En la entrevista, efectuada solo horas antes, se le preguntó si tenían previsto hacer nuevas sesiones en la OEA, como él mismo había anunciado a los periodistas en el acto del día 13, y cómo funcionaba ese trabajo desde el punto de vista logístico.

Yo estuve ayer en la OEA, hoy regreso toda la tarde, tengo varias reuniones allí, y sí tenemos el apoyo del secretario general, Luis Almagro, y el de todo su equipo de trabajo, respondió.

Explicó que han estado yendo a la OEA a reuniones de trabajo y describió el uso del Salón Miranda como un préstamo, precisando que no pagan nada a la organización a cambio.

Esas fueron sus afirmaciones originales tras ser preguntado por si habían vuelto a la OEA después de su controvertida configuración como Tribunal Supremo el 13 de octubre en el ilustre Salón de las Américas del organismo.

En esa ceremonia, el propio Martín explicó a un grupo de periodistas, entre ellos Efe, que la sede del Tribunal no sería la OEA sino una oficina privada en la capital estadounidense.

Preguntado hoy por esa oficina, el magistrado se limitó a decir que están haciendo ese trámite, sin ofrecer más información al respecto.

Respecto a los recelos que ha suscitado entre los países miembros que este poder paralelo al oficial en Venezuela utilice las instalaciones del organismo, Martín trató de restarle importancia y destacó el importante respaldo que han recibido de Almagro y su equipo y la preocupación por Venezuela que le han trasladado algunos embajadores.

El Parlamento venezolano, controlado por la oposición, designó en julio a 33 magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con la idea de que reemplacen a 33 jueces en ejercicio de esa instancia, por considerar que están al servicio del Gobierno y que fueron nombrados con graves irregularidades.

Los jueces designados por la oposición llevan desde entonces ya más de tres meses perseguidos por la Justicia, refugiándose en embajadas en Caracas, exiliados en otros países y uno de ellos con medidas cautelares en Venezuela.




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