La policía bloquea la carretera cerca del Mausoleo de los Mártires en Yangon, Birmania. EFE

La oficina de Naciones Unidas en Birmania alertó de que la actual ola de la pandemia traerá “consecuencias devastadoras para la salud de la población y la economía” birmana, país sumido en el caos tras el golpe de Estado militar de febrero.

El organismo subraya en un comunicado publicado anoche la “limitada capacidad” de realizar pruebas para descubrir el virus, entre 12.000 y 15.000 al día, y apunta a que por ello “muchos casos no son detectados”, además de incidir en los bajos registros de la campaña de vacunación y la falta de suministro de fármacos.

“El acceso a camas de hospital y oxígeno es limitado debido a la insuficiencia de suministros y mano de obra”, apunta la oficina como otros de los principales problemas que registra el país.

Las autoridades sanitarias reportaron el lunes 5.189 nuevos casos de la COVID-19 y 281 muertos, el dato de fallecidos más alto desde el inicio de la pandemia, lo que eleva el total a 234.710 infectados y 5281 decesos.

Con un precario sistema de salud que se encuentra totalmente desbordado y los crematorios trabajando a destajo, asociaciones de médicos birmanos mantienen que esas cifras no reflejan la realidad.

Birmania, donde el derrocado gobierno democrático había gestionado la ola entre septiembre y enero con relativo éxito, vive una profunda crisis política a raíz de la sublevación del Ejército del 1 de febrero que terminó con la joven democracia en el país.

Las fuerzas de seguridad han arrestado y persiguen a los trabajadores sanitarios que mantienen una huelga indefinida y se niegan a trabajar bajo las órdenes del régimen castrense.

El medio Mizzima informa que el lunes al menos 5 doctores fueron arrestados en Rangún, la principal ciudad y antigua capital, tras recibir una llamada falsa, supuestamente realizada por soldados, para solicitar asistencia contra la COVID-19.

Además, oenegés y grupos opositores acusan a la junta militar de acaparar las bombonas de oxígeno, prohibir la venta al público y usar la COVID-19 como un arma contra la disidencia.

“Se necesita un enfoque renovado de ‘sociedad conjunta’ que permita a todos los profesionales de la salud trabajar con seguridad y que tanto los proveedores públicos como los privados puedan contribuir a la respuesta” contra la pandemia de la COVID-19, insta la oficina de la ONU.

Sin embargo, la brecha entre la población, que reclama la vuelta a la democracia y la liberación de sus líderes civiles, y las autoridades, que han disparado a matar contra manifestantes pacíficos, continúa siendo demasiado profunda.

Al menos 919 personas han muerto a raíz de la brutal represión desatada por los soldados y la policía, según los datos de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos en Birmania. EFE




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