El viernes 15 de noviembre de 2019, se convirtió en una fecha inolvidable para Yoiris Marisol Pérez Navas. Según denunció en visita a El Carabobeño, ese día funcionarios del Cicpc asesinaron a su hijo en su casa, pese a que se había entregado y tenía las manos en alto.
La denunciante aseguró que cerca de las 7:00 am, ella estaba haciéndole el aseo a un anciano que sufre de alzheimer, mientras su hijo de 23 años Diego Javier González Pérez, dormía en una de las habitaciones. De repente llegaron varios vehículos de donde se bajó un buen número de funcionarios del Cicpc.
Ella alertó al muchacho de lo que pasaba, por lo que de inmediato se puso de pie y le dijo que se quedara tranquila porque no pasaba nada. Supuestamente los funcionarios entraron a la vivienda, ubicada en la parroquia Yagua, calle Cecilio Acosta, sector Samán Azucena de Guacara y sometieron al muchacho, quien nunca opuso resistencia.
A ella la sacaron a la fuerza de la vivienda y la trasladaron a la sede del Cicpc en Mariara. Fue allí donde le informaron que su hijo estaba muerto. No lo podía creer, porque lo dejó vivo y entregado. Sin embargo la versión que se manejaba era un enfrentamiento. Yoiris Pérez asegura que su otra hija le preguntó a un funcionario el motivo por el que buscaba a Diego Javier, y este le habría dicho que «Ese era un chorito y a los choros hay que sacarlos de circulación».
La madre del joven asegura que estuvo detenido en una oportunidad por porte ilícito de armas y drogas, pero salió en libertad y quedó bajo presentación. Después de eso se puso a trabajar en un taller para mantener a su familia.
Yoiris Pérez sostiene para justificar el enfrentamiento los funcionarios reportaron que en el sitio habían recuperado un arma de fuego y un teléfono. Pero su hijo no tenía armas y desde hace un año no tenía teléfono.
Señaló que en el caso que su hijo hubiese cometido un delito, los funcionarios debieron llevárselo detenido, pero no matarlo porque en Venezuela no existe pena de muerte. El cadáver presentó dos tiros en el pecho.
La denunciante también aseguró que los funcionarios que participaron en el procedimiento se llevaron varias cosas de la casa como un paquete de pañales desechables, un teléfono, un par de zapatos y otras cosas.
«Yo solo pido justicia, porque la muerte de mi hijo no puede quedar impune», expresó Pérez Navas, al tiempo que indicó que formuló la denuncia ante la Fiscalía 35 de Derechos Fundamentales.
