“… les bastaba mostrar esos diabólicos tatuajes para que las víctimas se desmayaran o se orinaran del susto y no prestaran resistencia alguna”.
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Visto el fracaso de gestiones pacíficas de negociación, el presidente Bukele estaba desarrollando una fuerte actividad ante el Parlamento y la Corte Suprema de El Salvador para unir a los tres poderes del Estado en un plan para enfrentar a las organizaciones delictivas que durante años martirizaban al país, pero, en respuesta las pandillas unidas emitieron una orden de ataque contra la población para demostrar su poder y hacer desistir de esos planes. Así fue como éstas emprendieron una oleada de ataques contra la población asesinando a hombres, mujeres y niños todos los días habiendo llegado al más alto nivel el 26 de marzo de 2022 cuando el país fue sumergido en un mar de sangre. Ese solo día mataron a 62 personas.
El espantoso saldo mortal de la mencionada ofensiva de las pandillas marcó el mas alto índice vivido en su ya elevado nivel en la materia por crímenes que por años estuvieron ejecutando estas organizaciones del hampa común, las cuales se han desarrollado tanto que han venido constituyendo un verdadero poder maléfico de martirio a aquella nación y que hasta lo han extendido a México y Estados Unidos convirtiendo su actividad en delincuencia internacional.
La respuesta del Estado no se hizo esperar, al día siguiente el Congreso emitió el Régimen de Excepción solicitado por Bukele y que refrendó la Corte Suprema de Justicia. Así fue como los tres poderes públicos se unieron mediante ese instrumento diseñado en la Constitución para de una vez por todas acabar con aquel horror.
Hay que saber que en El Salvador, antes de Bukele, otros gobernantes intentaron parar la diabólica actividad criminal de las pandillas mediante la negociación dando equivocadamente un rango a esas bandas criminales como si de organizaciones políticas se tratara. Partidos tradicionales como ARENA y el FMLN adoptaron esa línea en la que obtuvieron apoyo de la iglesia y de organismos como la OEA y la mismísima ONU. El fracaso fue rotundo, estruendoso, en vez de reducir el crimen las pandillas se fortalecieron y la población siguió sufriendo aquel genocidio.
LAS PANDILLLAS Y SUS CÉLULAS ORGANIZADAS EN “RANFLA NACIONAL”
Son organizaciones terroristas que se han venido conformando como un poder superior al del Estado y para ello han constituido organizaciones mediante diferentes agrupaciones siendo las más fuertes las que actúan bajo las denominaciones “Mara Salvatrucha”, “Barrio 18” y “Barrio 13”, que durante años han venido martirizando a la población prácticamente sin contención, y que hasta conformaron una organización que actúan en células o “clicas” adscritas a un centro de mando unificado denominado “Ranfla”, una especie de órgano desde donde se repartían zonas y establecían reglas de comando. Eran un poder criminal organizado en paralelo al Estado e incluso había llegado a penetrar sus estructuras haciéndolo absolutamente ineficaz en la defensa de la gente.
El narcotráfico y el crimen organizado son las principales actividades de estos grupos cuya relevancia ha llegado al punto que desde el año 2012 Estados Unidos las tiene incluidas en su listado de organizaciones criminales internacionales.
LA REUNIÓN SECRETA
Después de muchos contactos y reuniones preliminares, en marzo del año 2012 se concretó celebrar una reunión en la capital, San Salvador, entre un representante del gobierno del entonces presidente Mauricio Funes, varios jefes de las pandillas, un representante de la iglesia, uno de la OEA y uno de la ONU. Esto como punto previo del acuerdo al que se llegó y que se mantuvo en secreto hasta que el periódico digital El Faro en su edición del 14 de marzo del mismo año lo reveló publicando incluso los nombres de quienes allí participaron: el Obispo militar Monseñor Fabio Colindres, el entonces ministro de Justicia David Mungía Pallés, El partido político de izquierda FMLN, el partido de derecha ARENA, la OEA con José Miguel Insulza, y hasta un representante de la ONU.
El Acuerdo comenzó en marzo de 2012, negociaron una serie de prebendas para los cabecillas de las bandas a cambio de la vida de los salvadoreños. Los beneficios que obtuvieron los Mareros fueron: entrega de teléfonos celulares para los encarcelados, también pantallas de plasma, servicio de televisión por cable, comida abierta, se les permitió hacer fiestas dentro de las prisiones, se organizó sacar a los líderes del Centro Penitenciario de máxima seguridad conocido como “Sacatráz”, entre otras concesiones. Gravísimo error pues esto permitió a las Maras organizarse y dotar a sus líderes de un control pleno y total de territorios y de sus estructuras, así como también maximizar sus operaciones en todo el país.
Entre los líderes que por esos acuerdos salieron de Sacatráz estuvieron los jefes de las pandillas “El viejo Lin”, “El chino tres colas”, “El diablito” y “El trece” y otros como estos. Los mareros se comprometieron a reducir las muertes, óigase bien, a “reducir”, no a suspender las muertes. Y aunque la cifra se redujo, las estadísticas sobre desaparecidos se incrementaron por lo que se determinó que no habían cumplido lo acordado y que solo habían cambiado su forma de operar. Es que los pactos con bandas criminales no funcionan.
ENTONCES LLEGÓ BUKELE
El 1 de junio de 2019 se inició el gobierno de Nayib Bukele elegido con el 53 por ciento de los votos -mayoría absoluta- lo cual hizo innecesaria una segunda vuelta. El mismo periódico El Faro que reveló los tratos de anteriores gobiernos con las maras publicó información en el sentido de que este nuevo presidente, anteriormente cuando se desempeñó como Alcalde de la capital también trató de entenderse con las pandillas pero que le resultó imposible porque éstas no respetaban ningún acuerdo. Fue entonces cuando decidió la política de mano dura que esa sí que sí está dando resultados.
De un país con la más alta tasa de criminalidad en el mundo, El Salvador bajo la presidencia de Bukele pasó a ser uno de los más seguros, ha sometido a las maras en una oleada de fuertes ataques bajo amparo de la amplia mayoría con la que cuenta en el Parlamento y con la participación del poder judicial. El mundo está viendo y aplaudiendo el desarrollo de esta política, pero en especial, a los salvadoreños los hace la población ahora aliviada de aquel infierno en el que vivía.
LOS RECLAMOS POR DERECHOS HUMANOS
El gobierno ha difundido fuertes imágenes de contingentes de presos corriendo agachados en calzoncillos para ingresar a celdas de la nueva mega cárcel construida en tiempo récord denominada “Centro de confinamiento del terrorismo” con capacidad de albergar a 40 mil reclusos. Este espectáculo de obvias intenciones disuasivas ha generado algunas quejas respecto a esta edificación dada la dureza de las condiciones en las que habitarán los detenidos, pero precisamente ese es el centro de la política que ha adoptado el gobierno, cero blandituras con los mareros, que vean lo que les espera de continuar con sus crímenes.
EL PUEBLO APOYA MASIVAMENTE A BUKELE Y SU POLÍTICA
Como es evidente y así lo reseñan todos los medios del mundo, hay un apoyo total al presidente y su política de represión al crimen. El Salvador ha pasado en corto período de tiempo de ser el país más inseguro a ser el más seguro del mundo. El lema de Nayib Bukele es “primero los derechos humanos del pueblo, de los habitantes de El Salvador y después los de los pandilleros”. Los bandidos ahora están donde deben estar.
Carlos Ramírez López @CarlosRamirezL3 @DrLeyCRL
