La Iglesia católica de Bolivia expresó su solidaridad con el pueblo venezolano por la violencia fratricida, la pobreza abrumadora y la pérdida de la vigencia de los derechos humanos en ese país.
«Expresamos nuestra fraterna cercanía y decidida solidaridad con la Iglesia y el pueblo venezolano en esta hora tan difícil marcada por la violencia fratricida, pobreza abrumadora y pérdida de la vigencia de los derechos humanos», señala un comunicado emitido por los obispos bolivianos al concluir su CIII asamblea.
La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) también instó a los católicos a «promover iniciativas de oración para que la violencia y el uso de la fuerza dejen paso a la búsqueda sincera de reconciliación, de pacíficas y efectivas soluciones políticas y de progreso para esa amada nación».
Venezuela vive desde hace un mes una ola de protestas que ha causado 29 muertos, cerca de 500 heridos y más de 1.000 detenidos.
El Gobierno de Nicolás Maduro ha acusado a sus opositores de promover la violencia que ha causado estas muertes, varias de ellas en manifestaciones oficialistas u opositoras, provocadas por civiles armados.
La oposición, por su lado, responsabiliza a paramilitares armados por el Gobierno de provocar las muertes, incluso de personas que no participaban en las protestas.
Los obispos también se refirieron a la reforma que discute el parlamento de Bolivia para ampliar las causas que permiten el aborto y expresaron su inquietud ante lo que consideran un «avance de la cultura de la muerte y del descarte».
La CEB llamó a los legisladores y a la sociedad «a defender el derecho a la vida» en «línea» con la Constitución boliviana y «con los valores de los pueblos indígenas y del Evangelio».
La Iglesia católica también dedicó unas líneas a la próxima elección de autoridades judiciales y abogó por que sea la oportunidad para encarar una «profunda renovación» judicial que esté «por encima de intereses partidistas».
«Los casos de detenciones en los que se notan móviles políticos más que jurídicos, y el gran número de detenidos sin juicio ni sentencia, son algunas de las muestras de esta degradación institucional», señala el comunicado.
Los obispos remarcaron que es «imprescindible la efectiva independencia y autonomía de los poderes del Estado» para rescatar la legitimidad del órgano Judicial, ya que, de lo contrario, la elección popular de magistrados «no tendrá sentido».
