La Fundación de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, del mismo nombre, anunció este viernes el cese de operaciones porque «no se someterá» a una ley del gobierno de Daniel Ortega que les exige registrarse como agente extranjero para recibir fondos.
La fundación «no acepta la pretendida imposición de registrarse como agente extranjero», dijo en un comunicado la ONG que desde hace 20 años promueve la libertad de expresión, el acceso a la información pública, la defensa de los derechos humanos y la promoción de iniciativas ciudadanas.
«Hoy es un día de luto cívico para las organizaciones de la sociedad civil que no aceptan ser agentes extranjeros en nuestro propio país», manifestó la periodista Cristiana Chamorro, quien dirigía la Fundación Violeta Barrios Chamorro (FVBCH).
En conferencia de prensa, la comunicadora responsabilizó al presidente Daniel Ortega de «asesinar a la sociedad civil con amenazas de multas en caso que no nos inscribamos para seguir trabajando».
Esta ley incluye la obligación de registrarse ante las autoridades y a rendir cuentas de cómo gastan el dinero o utilizan las donaciones que reciben.
Ley Ortega cercena el funcionamiento
Impide el financiamiento externo a organizaciones que, a juicio de las autoridades, desarrollen actividades políticas en Nicaragua.
La ley entra en vigor en un año de elecciones presidenciales, donde opositores consideran que Ortega tentará un cuarto mandato consecutivo.
Chamorro, hija de la ex mandataria (1990-1997) alegó que de someterse a esa ley «estaríamos renunciando a nuestra ciudadanía nicaragüense».
El ministerio de Gobernación dio plazo hasta el 5 de febrero a las personas naturales y jurídicas para registrarse como «agentes extranjeros». De no hacerlo serían sancionados con el cierre de la personalidad jurídica, entre otras acciones.
«Estamos dolidos que esto esté pasando, pero estamos seguros que los periodistas van encontrar la forma de seguir. Estoy confiada que la resistencia cívica se va imponer sobre la monstruosidad hecha ley», añadió Chamorro.
Manipulación gubernamental
La ley aprobada por el Parlamento en octubre «es una clara manipulación que persigue paralizar el funcionamiento de organismos que el gobierno considera contrario a sus lineamientos», apuntó, en tanto, la fundación.
El anuncio de la fundación ocurre un día después de que el organismo de escritores y periodistas PEN, capítulo de Nicaragua, que presidía la escritora Gioconda Belli, cerró operaciones por el mismo motivo.
En diciembre pasado se retiró la organización sueca We Effect, que impulsó durante 35 años proyectos contra la pobreza en el país.
En tanto, el presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, informó que inició el proceso de inscripción bajo la nueva ley, pero aseguró que se le están presentando una serie se trabas burocráticas, con el fin de atrasar su registro.
© Agence France-Presse
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