El primer paso será llevar en esta jornada el asunto al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que ese organismo adopte «las medidas apropiadas», indicó el presidente en un comunicado.
Ali también advirtió de que la Fuerza de Defensa de Guyana está «en alerta máxima» y en contacto con sus homólogos militares de otros países, incluido el Comando Sur de Estados Unidos.
Esta declaración se produce después de que ayer el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lanzara un plan de acción sobre la región de Esequibo, el territorio de 160.000 kilómetros cuadrados en disputa con Guyana.
Este plan incluye el otorgamiento de licencias para la explotación petrolera y despliegues militares en localidades cercanas al área bajo pleito, aunque, de momento, Maduro no anunció una incursión en la zona.
«Las medidas anunciadas hacen caso omiso flagrante de la orden dictada por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) el 1 de diciembre de 2023», denunció Ali.
La CIJ urgió el pasado viernes a Caracas a «abstenerse» de tomar «cualquier acción que modifique» la situación del territorio o que pueda «agravar o prolongar» este litigio ante el tribunal.
No obstante, la corte de La Haya no pidió directamente cancelar la celebración del referendo del pasado día 3, como había solicitado Guyana.
«Al desafiar a la Corte, Venezuela ha rechazado el derecho internacional, el estado de derecho en general, la justicia y la preservación de la paz y la seguridad internacionales. Literalmente se ha declarado una nación fuera de la ley», aseveró el mandatario.
Ali advirtió de que nada de lo que haga Venezuela impedirá que Guyana proceda con el caso ante la CIJ, ni impedirá que la Corte emita en última instancia su fallo final sobre esta disputa, aunque Caracas rechaza que tenga jurisdicción en el asunto.
El presidente guyanés indicó también que ha hablado con el secretario general de la ONU, António Guterres, y varios líderes para alertar sobre «estos peligrosos acontecimientos y las acciones desesperadas del presidente Maduro».
En su opinión, estas acciones «van en contra del derecho internacional y constituyen una grave amenaza a la paz y la seguridad internacionales».
