Foto archivo

Estudiantes universitarios denunciaron hoy públicamente a la Policía de Nicaragua por obstrucción de atención médica a una alumna de geología que sufrió un aborto espontáneo en prisión, a donde fue llevada tras participar en protestas contra el presidente Daniel Ortega.

Estudiantes aglutinados en el movimiento “Facultades Organizadas de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua)” denunciaron que su compañera María Alejandra Castillo García fue llevada el jueves de emergencia a un hospital de Managua, tras 15 días de sufrir un sangrado en la cárcel, y señalaron que la Policía se habría opuesto a la realización de un legrado.

“Al llegar al hospital fue diagnosticada con un aborto incompleto y le programaron para el día de hoy, 19 de octubre, un legrado, que no fue realizado por que la Policía obligó a Alejandra a dejar el hospital y se negaron a que recibiera la atención de salud pertinente”, indicaron los estudiantes.

De acuerdo con la denuncia, la Policía también habría negado el ingreso de una ginecóloga para atender a Castillo y a que la joven fuera vista por sus familiares en la sede de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote, una prisión que en los últimos años ha sido denunciada como centro de torturas por organismos humanitarios.

“Ante la evidente violación de los derechos humanos de nuestra compañera, responsabilizamos al régimen de Ortega y a los directores de El Chipote, de cualquier cosa que pudiera pasarle, condenamos el abuso de autoridad y el poco respeto a la integridad de las mujeres. Demandamos Justicia y atención médica inmediata”, agregaron los denunciantes.

La denuncia se dio pocas horas después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentara ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) un informe sobre la crisis en Nicaragua, en el que señaló “situaciones de malos tratos y demoras en brindar atención médica” por parte de las autoridades nicaragüenses contra los manifestantes.

En agosto pasado la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) responsabilizó al Gobierno de “más de 300 muertos”, además de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.

El 5 de octubre la estudiante de comunicación Elsa Valle denunció que fue obligada a abortar mientras estuvo prisionera durante cinco meses tras participar en una protesta contra el Gobierno.

Organizaciones humanitarias nacionales e internacionales han contado entre 325 y 512 muertos, más de 25.000 exiliados, 459 “presos políticos”, miles de heridos y cientos de desaparecidos desde el estallido social en Nicaragua, en abril pasado. El Gobierno reconoce 199 muertos y más de 200 reos, que califica de “terroristas” y “golpistas”.

Ortega niega todos los señalamientos que le hacen responsable como jefe supremo de la Policía Nacional y considera que ha sido víctima de un intento de “golpe de Estado”.

Las manifestaciones contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron el 18 de abril pasado a causa de unas fallidas reformas de seguridad social, que se convirtieron en el reclamo de su renuncia. 




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