(Foto Archivo)
COMPARTE

La Conferencia Episcopal Peruana (CEP) advirtió este lunes que está en juego el orden democrático y el Estado de Derecho de Perú por los procesos del Congreso, dominado por el fujimorismo, para destituir al presidente Pedro Pablo Kuczynski, a jueces del Tribunal Constitucional y al fiscal general.

La CEP exhortó a la clase política del país, “y ante todo al Congreso, a reencontrar el camino del diálogo y la prudencia” para no precipitar la destitución del mandatario ni la de otros máximos responsables del resto de poderes del Estado.

Los curas recordaron a las autoridades del país que su deber es “salvaguardar la institucionalidad democrática mediante el respeto del marco constitucional, legal y procedimental”.

“Es necesario detener todo indicio de abuso de poder, y respetar la autonomía y el equilibrio de los poderes del Estado”, señaló la CEP, en referencia al proceso de destitución de Kuczynski iniciado el viernes por el Congreso.

La Conferencia Episcopal reiteró, como ya lo hizo en un comunicado el mes pasado, que “la corrupción política es una de las deformaciones más graves del sistema democrático porque traiciona al mismo tiempo los principios de la moral y las normas de la justicia social”.

El parlamento peruano votará este jueves 21 de diciembre una moción para destituir a Kuczynski por “incapacidad moral permanente” por supuestamente haber ocultado sus vínculos con la constructora brasileña Odebrecht, protagonista del mayor escándalo de corrupción de Latinoamérica.

La acusación sostiene que Kuczynski “faltó a la verdad” cuando dijo en repetidas ocasiones que nunca recibió nada de Odebrecht, hasta la pasada semana, cuando la empresa desveló haber pagado entre 2004 y 2007 más de 782.000 dólares a la consultora Westfield Capital, propiedad del mandatario.

En esa período, Kuczynski ejercía como ministro de Economía y luego como primer ministro en el Gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006).

Tanto el presidente peruano como Odebrecht alegan que los contratos son legales y fueron negociados exclusivamente con el empresario chileno Gerardo Sepúlveda, quien administraba Westfield Capital mientras Kuczynski era funcionario.

La incapacidad moral permanente es una figura contemplada en la Constitución peruana y permite inhabilitar al jefe de Estado por hechos extraordinarios que no necesariamente incurren en delitos, como sucedió en 2000, cuando Alberto Fujimori renunció por fax desde Japón.

El caso Odebrecht afecta a casi toda la primera plana política de Perú por los millonarios sobornos pagados por la constructora entre 2005 y 2014 para adjudicarse grandes contratos en obras públicas, además de financiar las campañas electorales de los principales candidatos.

Además de la destitución de Kuczynski, el Congreso peruano tramita sendas acusaciones contra cuatro jueces del Tribunal Constitucional y el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, que también pueden terminar en inhabilitación.

En el primer caso, cuyo procedimiento ha sido suspendido temporalmente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), acusa a los magistrados de cambiar el sentido de un voto de un compañero suyo en una sentencia de 2013 sobre la presunta ejecución extrajudicial de presos rendidos tras un motín en 1986.

En el segundo, acusa al fiscal Sánchez de encubrir en las investigaciones del caso Odebrecht a las empresas peruanas que se asociaron con la brasileña para los proyectos cuyas licitaciones ganó mediante sobornos.




Estimado lector: El Diario El Carabobeño es defensor de los valores democráticos y de la comunicación libre y plural, por lo que los invitamos a emitir sus comentarios con respeto. No está permitida la publicación de mensajes violentos, ofensivos, difamatorios o que infrinjan lo estipulado en el artículo 27 de la Ley de Responsabilidad en Radio, TV y Medios Electrónicos. Nos reservamos el derecho a eliminar los mensajes que incumplan esta normativa y serán suprimidos del portal los contenidos que violen la Constitución y las leyes.