El Gobierno de Panamá manifestó este sábado su profundo rechazo a la destitución de la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, por parte de la ilegítimamente constituida Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
«Panamá condena el uso de la fuerza y la intolerancia contra el poder judicial, el irrespeto a los principios democráticos y la paz social, y el actuar contra la voz del pueblo, que solo agrava la crisis en el país suramericano», indicó la Cancillería en un comunicado.
El presidente panameño, Juan Carlos Varela, además publicó en Twitter: «Rechazamos la destitución de la Fiscal General en Venezuela; insistir en confrontación y actuar contra la voz del Pueblo solo agrava crisis».
La ANC, integrada únicamente por oficialistas, aprobó la polémica medida contra Ortega durante su primer día de trabajo tras recibir una comunicación del Tribunal Supremo de Justicia donde se indicaba que la fiscal había sido suspendida «para su enjuiciamiento, por la presunta comisión de faltas graves en el ejercicio de su cargo».
Su homóloga panameña, la fiscal general, Kenia Porcell, expresó este sábado su solidaridad «como Procuradora, Persona y Mujer con Luisa Ortega», según publicó en Twitter, donde el Ministerio Público de Panamá mostró su preocupación por lo sucedido y consideró que la destitución afecta las funciones de ese organismo «en el papel que debe jugar en el fortalecimiento de las democracias».
Ortega había sido una aliada del chavismo hasta finales de marzo pasado, cuando consideró como una ruptura del hilo constitucional un par de sentencias del Supremo que desembocó en la ola de protestas que ha dejado más de 120 muertos.
En sustitución de Ortega, los constituyentes del chavismo designaron hoy como nuevo fiscal general al defensor del Pueblo, Tarek William Saab, un reconocido oficialista que también fue diputado y gobernador del estado Anzoátegui (oriente) con el Partido Socialista Unido de Venezuela.
Sobre Ortega se mantendrán otras acciones jurídicas como la congelación de sus cuentas, la inhabilitación para ejercer cargos públicos, y la prohibición de salida del país.
Una vez conocida la decisión, la abogada de 59 años emitió un comunicado firmado como «Fiscal General de la República» en el que dijo que no reconoce las decisiones del Supremo, por estar compuesto por magistrados «ilegítimos» que ella misma impugnó por supuestas irregularidades en sus nombramientos.
Alertó que «acabar con la autonomía» del Ministerio Público «afectará a las víctimas de violaciones de derechos humanos, a quienes padecen la violencia delictiva y contribuirá a perpetuar el desfalco de la nación».
La Asamblea Constituyente ha sido tachada de fraudulenta por varios gobiernos que han asegurado no reconocerán las decisiones que emanen de este órgano con poderes ilimitados y al servicio de la llamada «revolución bolivariana».
Panamá es uno de estos países. En las últimas semanas ha endurecido su discurso contra el Gobierno de Nicolás Maduro, apoyó las sanciones económicas de Estados Unidos contra 13 funcionarios venezolanos y otorgó asilo político a dos de los 33 magistrados del Supremo que fueron nombrados por el parlamento de mayoría opositora en Venezuela.
