La detención del gobernador Luis Fernando Camacho ha ocasionado una serie de protestas en Bolivia. Foto: EFE/ Javier Mamani

La Fiscalía informó que las pérdidas económicas por la quema de esa institución en medio de las protestas en Santa Cruz, el motor económico de Bolivia, en rechazo a la detención del gobernador opositor Luis Fernando Camacho, ascienden a más de cinco millones de dólares.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, expresó que la quema de infraestructura de la Fiscalía en ese departamento ha generado una pérdida económica de 5,3 millones de dólares (37 millones de bolivianos) y que se realizó una evaluación junto a peritos de los daños causados a la infraestructura.

Mariaca señaló que el edificio de unos cuatro pisos quedó destruido, también se quemaron todos los muebles, equipos de informática y vehículos que estaban en la Fiscalía departamental.

“Nosotros vamos a seguir trabajando en diferentes oficinas y por teletrabajo para continuar con la atención de casos”, indicó Mariaca.

Lamentó que en la Fiscalía cruceña había una “cámara Gesell” que es utilizada para que los menores víctimas de violencia puedan dar su testimonio en un espacio seguro, pero que la misma está quemada, al igual que documentación de los casos.

Quema de Fiscalía en Bolivia

El fiscal comentó que hay una investigación abierta por la quema de esta institución y que hay aprehendidos y personas con detención preventiva mientras se investiga el caso.

La pasada semana se registraron enfrentamientos entre las personas que salían a protestar exigiendo la liberación del gobernador Luis Fernando Camacho y la Policía, en medio de esta situación se registró la quema de la Fiscalía y de otras entidades públicas.

Camacho fue trasladado hasta La Paz y ahora está detenido preventivamente en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro y es investigado por el supuesto delito de terrorismo en el marco del caso denominado “golpe de Estado I” que está relacionado con la crisis social y política de 2019.

El oficialismo señala que en 2019 se produjo un “golpe de Estado” en contra del entonces presidente Evo Morales, mientras que la oposición sostiene que las protestas que derivaron en la renuncia del mandatario fueron por un fraude a su favor en los comicios anulados de ese año.

El Ministerio de Gobierno informó que 76 personas tienen procesos por los destrozos de dependencias estatales en ese departamento de las cuales 24 tienen sentencia, 22 esperan la audiencia de medidas cautelares, 14 tienen detención preventiva y 16 cuentan con medidas sustitutivas.

Este jueves la Justicia negó la acción de libertad del gobernador, pero señaló que en caso de emergencia por sus enfermedades de base puede ser trasladado a un centro médico.

Los movimientos cívicos bolivianos convocaron a una jornada nacional de protesta el próximo 10 de enero por los encarcelamientos de líderes opositores como Camacho.




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