El Ministerio Público logró privativa de libertad para el oficial agregado de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Francisco Galindo y los oficiales Ángel Martínez, Israel Ramos y Roberto Escala, por su presunta participación en el homicidio de Feder Ramírez (19), hecho ocurrido el 6 de febrero de 2016 en el sector Boca de Río, municipio Valencia.
En la audiencia de presentación, el fiscal 28° y auxiliar de la referida jurisdicción, José Antonio López y Anny Evelyn Camejo respectivamente, imputaron a Galindo, Ramos y Escala por los delitos de homicidio intencional calificado con alevosía, simulación de hecho punible y uso indebido de arma orgánica.
Martínez fue imputado por los tres tipos penales antes mencionados y trato cruel. Tales delitos están previstos y sancionados en el Código Penal y la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones.
Una vez evaluados los elementos de convicción presentados por los fiscales, el Tribunal 1° de Control de Carabobo dictó la medida de privativa de libertad contra los funcionarios, quienes permanecen recluidos en la Coordinación de la PNB, en Los Guayos.
De acuerdo con información preliminar, el citado día los funcionarios se presentaron en el sector La Invasión y se llevaron a Ramírez a bordo de una motocicleta hasta el sector Boca de Río, donde procedieron a arrodillarlo y obligarlo a pedir por su vida. Luego le dispararon en tres oportunidades y simularon un enfrentamiento armado.
Luego de recibir los disparos, los funcionarios reportaron la situación y solicitaron una unidad de apoyo de la PNB, que lo trasladó al Centro de Diagnóstico Integral más cercano, donde ingresó sin signos vitales.
La víctima ya había sido objeto de una detención arbitraria el 17 de diciembre de 2015, cuando los mismos funcionarios llegaron al sector de su residencia para llevárselo en contra de su voluntad y pedir a su madre 40 mil bolívares para no sembrarle objetos sospechosos.
En ese entonces, la madre del occiso acudió a la Comandancia de la policía municipal a denunciar el hecho y el joven fue liberado, no sin antes recibir una amenaza de muerte por parte de los imputados.
Tras las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, se solicitó la orden de aprehensión el 25 de enero, la cual fue materializa horas después por efectivos del Eje de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).
