(Foto referencial)

Miles de catalanes tomaron las calles el miércoles tras la detención de trece miembros del gobierno de esta región que busca organizar un referéndum de autodeterminación prohibido por la justicia, mientras el presidente catalán acusó a Madrid de imponer de facto un estado de excepción.

En el centro de Barcelona, miles de personas protestaron por los arrestos. Frente a la dependencia de Exteriores del Ejecutivo catalán, manifestantes rodearon y golpearon la carrocería de un vehículo de la Guardia Civil, observó un periodista de AFP.

“Fuera las fuerzas de ocupación”, gritaban algunas personas, que defendían poder votar en el referéndum que el Ejecutivo catalán está decidido a realizar el 1 de octubre, pese a haber sido prohibido por el Tribunal Constitucional.

“Ya son 13 detenciones y 22 registros”, confirmó a la AFP un portavoz de la Guardia Civil. Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia informó que un juez de instrucción ordenó los registros de la jornada, 41 en total.

Además, la policía registró locales de la CUP, partido separatista de extrema izquierda, aliado del gobierno regional. A media tarde decenas de estudiantes también se habían agrupado frente al local, en mayoría estudiantes que se habían sentado delante, segun una reportera de AFPTV.

Con sus acciones, el Estado español ha “impuesto de facto un estado de excepción”, denunció el presidente catalán, el independentista Carles Puigdemont, quien insistió en convocar a los catalanes a votar en la consulta “frente a un régimen represivo e intimidatorio”.

El gobierno central “está cumpliendo con su obligación” y “el Estado de Derecho funciona”, afirmó el jefe de gobierno, Mariano Rajoy.

Resistencia no violenta

El Ejecutivo catalán confirmó que entre los detenidos figuraba Josep Maria Jove, numero dos de la vicepresidencia regional, el independentista Oriol Junqueras.

El Tribunal Constitucional había advertido a un millar de altos cargos que no debían organizar el referéndum y podían exponerse a consecuencias judiciales.

Tras adoptar el 6 de septiembre una ley para organizar el referéndum, cuyo texto afirma que prevalece jerárquicamente sobre otras normas con las que puede entrar en conflicto, los independentistas han ignorado las advertencias.

“Ha llegado el momento. Resistimos pacíficamente. Salimos a defender desde la no violencia nuestras instituciones”, escribió en Twitter Jordi Sánchez, presidente del movimiento independentista Asamblea Nacional de Cataluña (ANC).

“Lo que no es democracia es desobedecer las leyes y buscar en manifestaciones callejeras una legitimidad que no tienen”, replicó el portavoz del gobierno central, Íñigo Méndez de Vigo.

Rajoy llamó a volver “a la normalidad”, luego de un acalorado debate en el Congreso.

Allí, el diputado de Esquerra Republicana de Catalunya (izquierda republicana independentista), Gabriel Rufián, le dijo: “Saque sus sucias manos de las instituciones catalanas”, antes de que los diputados catalanes se retiraran del hemiciclo.

“Estas personas están tomando actitudes de los nazis, están poniendo afiches con los rostros de los alcaldes que resisten su llamado a participar en esta farsa”, estimó desde Nueva York la noche del martes el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis.

El Barça se pronuncia

Ante los hechos de la jornada, el club FC Barcelona, que defiende un referéndum legal, condenó en un comunicado “cualquier acción que pueda impedir el ejercicio pleno” de los derechos a la libertad de expresión y a decidir.

Las operaciones policiales se han intensificado desde el fin de semana, con la incautación de gran cantidad de material electoral, como afiches o propaganda.

La Guardia Civil anunció este miércoles que confiscó cerca de 10 millones de papeletas de votación para ser usadas en el referéndum, en una nave industrial de Bigues, 45 km al norte de Barcelona.

La noche anterior, había recuperado 45.000 notificaciones para convocar a miembros de mesa.

En paralelo, el ministerio de Hacienda congeló las cuentas del Ejecutivo catalán, tras anunciar que se encargaría directamente de pagar sus facturas, reduciendo drásticamente la autonomía financiera de la región.

Los separatistas son mayoría en el parlamento catalán desde 2015, pero según los sondeos la sociedad catalana se muestra muy dividida ante la independencia de esta región de 7,5 millones de habitantes.

En las elecciones regionales de 2015, los independentistas obtuvieron el 47,6% de los votos y los defensores de seguir en España el 51,28%.

El 70% de los catalanes está a favor de zanjar la cuestión a través de un referéndum legal, según las encuestas.




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