Sr. Merrick Garland, Fiscal General de los Estados Unidos, debe usted abrir investigación sobre el Bono PDVSA 2020 donde se amenaza la seguridad nacional. Rusia está a punto de quedarse con mas de la mitad de las estaciones de servicio (gasolinerías) que CITGO posee en territorio norteamericano, todo gracias a un hecho delictivo iniciado por la dictadura de Nicolás Maduro de formar un negocio en el que les dio a ellos en garantía prendaria el 49% de las acciones de CITGO.
HAY UNA INVESTIGACIÓN PENAL ABIERTA EN ESTADOS UNIDOS. El señor Horacio Medina, presidente de la Junta Administradora ad hoc de Pdvsa ha informado que “El Departamento de Justicia (fiscalía) de Estados Unidos desde 2019 está dentro de CITGO haciendo investigaciones, hasta el momento se han identificado 47 casos de corrupción, algunos ya están judicializados, otros están en proceso”. Siendo así con mayor razón hay que instar a que esa actividad de investigación penal también incluya la emisión del Bono 2020. En ese caso sería perfectamente posible que se emitiera una orden judicial penal de paralizar cualquier actividad cobradora de ese papel ¿porqué eso no se ha hecho? ¿porque eso no se hace? Allí está un recurso bastante fuerte para detener lo que es un gravísimo crimen contra la patria.
Esto del bono es un inmenso delito, un fraude, y como tal mal no debe permitirse la posibilidad de que logre legalización y alcance beneficios en perjuicio del país y también de la nación norteamericana.
EN RESUMEN. Hay que plantear la urgencia de que se formalice una denuncia penal ante el Fiscal General de Estados Unidos, que se abra una investigación, o que dentro esas que están realizando según lo informado por Horacio Medina se tome una línea respecto a este tema del Bono PDVSA 2020, y en ese procedimiento hay que impulsar que se paralice todo procedimiento de cobro puesto que de resultar comprobado el delito los delincuentes o sus cómplices ya habrían obtenido resultados económicos de ello. Hay que solicitar que se revele la identidad de los beneficiarios de ese bono y exigirles prueba de que en verdad invirtieron sus dineros en eso.
ESTOS SON LOS HECHOS: CITGO, siempre productiva, desde 1999 en adelante cayó en manos de “la revolución” que la exprimió hasta comprometerla a muerte de varios modos. La historia del desastre de esta empresa es muy larga que para este artículo no es dable narrarla por lo que referiré su etapa final por la actual deuda judicializada que amenaza nuestra propiedad sobre ella.
El gobierno de Maduro por años ha estado pidiendo dinero prestado mediante bonos de deuda pública garantizados con acciones de PDVSA, bonos que ofrecen altos intereses y respaldo de acciones de CITGO, dinero que por cierto ha sido para el robo, para el saqueo, puesto que como sabemos no ha habido ninguna inversión social ni ahora ni cuando Chávez.
EL BONO PDVSA 2020 ES NULO. La primera evidencia de dicha nulidad es que Maduro ordenó el encarcelamiento de Nelson Martínez, entonces Ministro del Petróleo por haber firmado la garantía de este bono con el 51% de las acciones de CITGO, como si tal decisión pudiera haberla tomado por sí mismo. Allí murió ese hombre, preso, incomunicado y sin derecho a nada. Sus familiares acusan al gobierno de Maduro. Así se mató al testigo.
TAMBIÉN RUSIA ESTÁ EN EL FESTÍN. Y cabe recordar que el otro 49% de esas acciones fueron dadas en garantía prendaria a Rosfnet, la petrolera rusa, por otro préstamo, garantía esta que implica que al incumplirse con el pago ni siquiera es necesario que los rusos tengan que ir a una Corte de Justicia demandar el pago, sino que se quedan con esas acciones, las sacan a remate y ya.
Este es un problema global, que nace del hecho delictivo de Nicolás Maduro de estar emitiendo deuda pública comprometiendo patrimonio nacional por su propia y única voluntad burlando la disposición constitucional en sus artículos 150 y 187.9 que para ese tipo de actividad requiere aprobación parlamentaria que nunca solicitó, que nunca obtuvo.
TAMBIÉN GUAIDÓ Y SU PROCURADOR. Por supuesto que en esta tragedia también tiene su parte el gobierno interino que presidió Juan Guaidó y su nefasto procurador José Ignacio Hernández con la absurda y criminal determinación de pagar intereses vencidos a este bono no obstante que antes, formalmente lo habían declarado nulo, inválido, ilegal.
LA ÚNICA, LA VERDADERA SALIDA. De manera que si no se persigue arduamente la declaratoria de nulidad del Bono PDVSA 2020, la mitad de CITGO se la quedarán los ocultos bonistas y la otra mitad los rusos de Vladimir Putin lo cual además representa una amenaza para la propia seguridad de Estados Unidos por lo cual hay que ejercer presión mediática, diplomática, judicial, política, sobre este peligro pues tal parece como un riesgo no suficientemente advertido.
LA VIA DE LA NEGOCIACIÓN. Esa pudiera ser una alternativa, pero solo en cuanto a los bonistas de este lado del mundo, pero no lo es para el lado allá de la cortina de acero, Rusia no va a estar interesada en la devolución de los 1.500 millones de dólares que le dio prestados a Maduro, sino en infiltrarse en esas miles de estaciones de gasolina que Citgo tiene en todo el territorio norteamericano.
CABE RECORDAR QUE ante la anotada irregularidad la Asamblea Nacional se pronunció mediante dos instrumentos formales denominados “Acuerdo” uno en agosto y otro en septiembre de 2016 en los que denunció la ilegalidad de emisión de este bono.
Esos Acuerdos eran una clara advertencia para que nadie adquiriera ese Bono, y por si fuera poco, dos prestigiosas agencias internacionales de calificación de riesgos Standard & Pool y Fitch que son comúnmente consultadas por inversionistas antes de realizar una operación como estas, advirtieron de los altos riesgos que este bono implicaba. Esto desanimó a cerca de la mitad de los acreedores mientras otra mitad aceptó el bono. Entonces la lógica interrogante ¿quienes fueron estos “arriesgados inversionistas”?¿En verdad son inversionistas, o gente de Maduro a quienes se les suministraron bonos sin que hubieran puesto nada de dinero?
DEMANDAN LA NULIDAD. El 29 de octubre de 2019 fue presentada demanda por nulidad del Bono PDVSA 2020 y de la garantía prendaria sobre las acciones de CITGO que en dicho instrumento se adicionó. La acción fue interpuesta por ante la Corte del Distrito Sur de New York por dos firmas de abogados contratados por Pdvsa ad hoc designada por Juan Guaidó a título de presidente interino de Venezuela. La argumentación de esta demanda básicamente consiste en la comentada falta de aprobación parlamentaria.
LA CONTESTACIÓN. Los beneficiarios del bono agrupados en dos empresas rechazaron la acción y alegaron: Que la emisión de estos bonos eran un hecho cotidiano del gobierno y que nunca para ello se requirió ni se expidió autorización de la Asamblea Nacional. Que la ley aplicable a esa negociación no es la ley interna de Venezuela sino la de New York porque así lo establece el contrato y porque se emitió en dólares y que su pago se acordó hacer en esta ciudad. Que se hicieron pagos a capital e intereses en 2017, 2018 y en abril de 2019, y que este último fue hecho por Pdvsa bajo control de la Junta Ad hoc autorizado por la Asamblea Nacional. Que fue meses de después, el 30 de octubre de ese año 2019 que el procurador interino José Ignacio Hernández hizo una declaración de prensa ofreciendo justificación de dicho pago. Que fue en ese mes de octubre 2019 cuando se entró en incumplimiento y se dejó de pagar amortización de capital e intereses.
Hubo contrademanda y contestación a ésta, todo dentro de los mismos razonamientos antes mencionados.
TESTIMONIOS DE EXPERTOS PRESENTADOS POR AMBAS PARTES. En el juicio actuaron como expertos en derecho venezolano, por una parte el Dr Brewer Carías contratado por la parte demandante y por la parte demandada otro jurista venezolano cuya identidad quedó preservada en secreto pero que de fuentes confiables se ha dicho que fue el Dr Román Duque Corredor pues su informe coincide mucho con un artículo suyo publicado en la “Revista de derecho público de enero-junio 2020. Editorial Jurídica Venezolana. Caracas (349–353). Este experto secreto fundamentalmente sostuvo que la Ley de Administración Financiera del Sector Público, PDVSA está exceptuada de autorización legislativa en sus operaciones de financiamiento y solo aquellos donde la RBV es parte califican como contratos de interés nacional.
LAS IMPLICACIONES DE NATURALEZA PENAL, CRIMINAL. Hace tiempo vengo planteando la necesidad de que se denuncie penalmente esa expedición del Bono 2020 y la garantía comprometiendo el 51% de las acciones sobre CITGO. Esto en razón de que en primer lugar todo fue emitido sin la obligatoria aprobación del parlamento venezolano, eso claramente fue un fraude.
Los beneficiarios del fraude, es decir, los bonistas, por medio de sus representantes en juicio tienen como defensa fundamental el hecho de que esas operaciones se venían realizando hace años sin objeciones sobre la aprobación parlamentaria. Con esto pretenden que se pase por alto 1) que por la repetición de un delito, y sobre todo uno de esta envergadura no deja de ser delito. 2) que el gobierno que emitió esos bonos no es reconocido por EEUU donde además se le tiene dentro de la mas alta categoría delictiva internacional. 3) que por reiterada jurisprudencia el poder judicial norteamericano se pliega a las decisiones del gobierno sobre asuntos de política internacional y que por eso es que desconoce al régimen de Maduro y ha venido reconociendo a los representantes judiciales que designa la An de 2015.
EN RESUMEN. Hay que plantear la urgencia de una actuación mas intensa de la que anunció Horacio Medina y que dentro de ella se tome una línea respecto a este tema del Bono PDVSA 2020, y en ese procedimiento hay que impulsar que se paralice todo procedimiento de cobro puesto que de resultar comprobado el delito los delincuentes o sus cómplices ya habrían obtenido resultados económicos de ello. Hay que solicitar que se revele la identidad de los beneficiarios de ese bono y exigirles prueba de que en verdad invirtieron sus dineros en eso
 que CITGO posee en territorio norteamericano, todo gracias a un hecho delictivo iniciado por la dictadura de Nicolás Maduro de formar un negocio en el que les dio a ellos en garantía prendaria el 49% de las acciones de CITGO.){kind=link}