La Policía Federal de Brasil registró este lunes la casa y el gabinete del concejal de Río de Janeiro Carlos Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente Jair Bolsonaro, dentro de una investigación por espionaje ilegal durante el mandato de su padre (2019-2022), informaron fuentes oficiales.
La acción es una continuación de la operación desplegada el jueves pasado para desarticular una presunta trama en la que miembros de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) y policías federales espiaron irregularmente a adversarios de Bolsonaro e intentaron favorecer a los hijos de este.
Los agentes buscan «avanzar sobre el núcleo político» de esa organización ilícita, «identificando a los principales destinatarios y beneficiarios de las informaciones producidas ilegalmente por la Abin por medio de acciones clandestinas», según una nota de la corporación.
La Cámara Municipal de Río confirmó a EFE que la Policía registró el gabinete de Carlos Bolsonaro durante dos horas, entre las 07.00 y las 09.00 hora local (10.00-12.00 GMT), en busca de pruebas.
Registran la casa y el gabinete
Asimismo, la Policía allanó el domicilio del edil, también en Río, y decomisó documentos y varios computadores, siendo al menos uno de la Abin, en otras direcciones inspeccionadas este lunes, según medios locales.
Igualmente cumplió una orden de registro en la casa que tiene la familia Bolsonaro en Angra dos Reis, en el litoral de Río, donde el expresidente realizó en la víspera un directo en redes sociales, en compañía de tres de sus hijos: el senador Flávio, el diputado Eduardo y el propio Carlos.
El abogado y portavoz de los Bolsonaro, Fabio Wajngarten, informó que el expresidente y sus hijos no se encontraban en la vivienda de Angra en el momento de las búsquedas porque salieron a pescar a las 05.00 de la mañana con unos amigos.
Las autoridades brasileñas sospechan que Carlos Bolsonaro era uno de los destinatarios de la información obtenida ilegalmente por la Abin, de acuerdo con la prensa brasileña.
El concejal de 41 años también es investigado en otro caso, por el desvío de recursos públicos a través de la contratación de presuntos asesores fantasma.
En total, la Policía Federal cumplió este lunes nueve órdenes de allanamiento en las localidades de Angra dos Reis, Rio de Janeiro (5), Brasília, Formosa y Salvador.
El caso tramita en la Corte Suprema y apunta directamente al diputado federal Alexandre Ramagem, un importante aliado y correligionario de Bolsonaro que fue jefe de la Abin durante la administración del líder ultraderechista.
Tres hijos de Bolsonaro en el punto de mira
Los investigadores han recabado indicios de la existencia de «una organización criminal que actuaba dentro de la Abin con la intención de espiar ilegalmente personas y autoridades mediante la invasión de computadores y teléfonos móviles sin autorización judicial».
Según el Supremo, la trama intentó beneficiar por lo menos a Renan Bolsonaro, hijo menor del ex jefe de Estado e investigado en un caso de tráfico de influencias ante las sospechas de que favoreció a un grupo empresarial cuando su padre estuvo en el poder.
Además, la máxima instancia judicial señaló en una nota oficial al senador Flávio Bolsonaro por «la confección de informes para ayudarlo en su defensa» en el caso en el que respondió por desvío de recursos de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro.
A los que investigan los podrían juzgar por varios delitos, como «invasión de dispositivo informático ajeno», «organización criminal» o «interceptación de comunicaciones sin autorización judicial», según la Policía.
En el directo del domingo, Jair Bolsonaro, al lado de sus hijos, criticó la forma de actuar de la Policía Federal en este y en otros casos aún en desarrollo y negó la existencia de una «Abin paralela» durante su Gobierno.
El exmandatario, capitán retirado del Ejército y nostálgico de los tiempos de la dictadura, enfrenta también varias causas judiciales en su contra, entre ellas una por la asonada golpista del 8 de enero de 2023, cuando miles de sus simpatizantes invadieron y destrozaron las sedes de los tres poderes para derrocar el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
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