Cerca de 30 médicos del único hospital público de Leticia, capital del departamento colombiano del Amazonas, renunciaron argumentando falta de garantías para atender a pacientes de COVID-19 y protegerse de eventuales contagios.
«Nos permitimos presentar nuestra renuncia masiva a la prestación de servicios de salud a la E.S.E. Hospital San Rafael de Leticia, que rige a partir de las 19:00 horas del día 20 de abril del año en curso», dice la carta dirigida al director del hospital, el médico Roberto Sierra.
El San Rafael es el único centro médico estatal en un departamento de casi 66.000 personas, que además colinda con Perú y Brasil.
Los especialistas y médicos que suscribieron la misiva argumentan que no existen medidas de bioseguridad para atender a los pacientes contagiados con el virus. Además, no cuentan con los insumos y equipos necesarios para la correcta y eficiente prestación de servicios.
Debido a la ausencia de protocolos claros frente a la pandemia, se ha generado caos en el ámbito interno y hay contaminación a áreas que no atienden ese tipo de pacientes, de acuerdo con el texto.
Los profesionales de la salud exigen garantías de pago de la prestación de servicios médicos.
Sierra, director del hospital, aseguró a la AFP que se llegó a un mutuo acuerdo entre el personal médico y la Gobernación del Amazonas, por lo que el personal de la salud regresará a sus labores. Sin embargo, los trabajadores sanitarios no han declarado aún sobre la reanudación de actividades.
Coronavirus en Amazonas
El departamento del Amazonas registra 4 casos confirmados del nuevo coronavirus, de un total nacional de tres mil 977 personas contagiadas y 189 fallecidas.
La renuncia masiva se suma a otras protestas del sector reclamando contra la precariedad del sistema de salud en medio de la pandemia.
En los últimos días, otros médicos colombianos también han denunciado discriminaciones y rechazos para acceder a transporte público, mercados y vivienda por parte de personas que los consideran fuentes de contagio.
El presidente Iván Duque dijo que la protección del personal de salud expuesto a un posible contagio en urgencias es, antes que nada, responsabilidad de sus empleadores.
Para frenar la expansión de la enfermedad, el gobierno decretó la emergencia sanitaria y un confinamiento nacional que regirá en principio hasta el 11 de mayo.
