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El 13 de marzo Melquiades Ávila, un líder indígena y periodista en el remoto estado venezolano de Delta Amacuro, se preguntó en su popular cuenta de Facebook: ¿“El hospital Razetti en Tucupita, estará en capacidad técnica operativa para casos de coronavirus”?

A principios de esa semana, cuando Venezuela confirmó sus primeras infecciones por el nuevo coronavirus, el Ministerio de Salud del presidente Nicolás Maduro incluyó en su sitio web al Hospital «Dr. Luis Razetti», en Delta Amacuro, como uno de los 46 centros médicos “rectores” para recibir pacientes con COVID-19.

Ávila enumeró varias razones, todas confirmadas por Reuters en entrevistas con médicos en el hospital, por las cuales la afirmación del mandatario era falsa: la instalación no tiene monitores de presión arterial, jeringas o reactivos para diagnosticar el contagio por coronavirus.

“Parece un chiste”, escribió Ávila

Un día después, Lizeta Hernández, gobernadora de Delta Amacuro y miembro del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) pidió en una radio local el arresto de Ávila, acusándolo de “incitar al odio” y denunciándolo como “criminal”.

Ordenó a los militares de la zona que lo detuvieran “para que me le de una clase magistral de lo que significa la conciencia”.

En un mensaje de voz enviado a Reuters, la gobernadora dijo esta semana que solo quería “orientar” a Ávila y asegurarse de que él fuera “serio y responsable” como periodista.

Se negó a responder preguntas sobre el hospital, su preparación o los conflictos anteriores con Ávila, quien durante años ha criticado la atención médica en ese estado.

Raquel Ruíz, la directora del hospital, negó que la instalación no esté preparada. Las autoridades estatales, agregó, están alistando un edificio cercano para tratar a pacientes con coronavirus.

La amenaza contra Ávila, quien ahora está escondido pero habló con Reuters por teléfono; constituye uno de al menos siete episodios recientes en los que las autoridades venezolanas han tratado de detener a quienes critican la preparación del gobierno contra el coronavirus, según entrevistas con tres acusados y abogados de otros cuatro.

Además de Ávila, la policía arrestó a un legislador de la oposición que tuiteó -correctamente, según los trabajadores de salud del centro médico- que otro hospital en la lista oficial no tiene agua corriente.

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