El rector del Consejo Nacional Electoral venezolano (CNE) Luis Emilio Rondón, el único de los cinco miembros de esa entidad que es crítico con el chavismo, dijo que el cambio de Constitución impulsado por el Gobierno podría promocionar la violencia en el país.
Mediante un comunicado, el funcionario rechazó que el Gobierno imponga el proceso constituyente atropellando los derechos de los venezolanos pues, consideró, esto lejos de contribuir a la paz podría ser una clara promoción de la violencia.
Dicha advertencia surge luego de 50 días de protestas antigubernamentales en el país caribeño, algunas de las cuales se han tornado violentas y se han saldado con 49 muertos y más de cien heridos.
«Sin la participación y el protagonismo del pueblo en este proceso estamos ante un nuevo desacato constitucional, cometido esta vez no por el Tribunal Supremo de Justicia sino por el CNE», señaló Rondón.
Indicó que el CNE estudiará las bases de elección del proceso constituyente, una vez que el chavismo las presente, para verificar «que no sean contrarias a lo que establece la Constitución y, de ser necesario, modificarlas para garantizar el cumplimiento de Principios Fundamentales».
Rondón insistió en que el Ejecutivo apenas tiene la iniciativa de promover un cambio de Constitución pero no la potestad para convocarlo que, según dijo, solo corresponde al electorado.
También aseguró que el CNE deberá velar por la soberanía del pueblo y la universalidad del voto en este proceso.
«Si no se escucha el mandato del pueblo se atenta contra la progresividad de los Derechos Políticos de los venezolanos, un retroceso gravísimo, tomando en cuenta que se trata de Derechos Humanos», sostuvo.
Con todo, el rector instó al ente electoral a convocar «ya mismo» las votaciones de gobernadores que debían celebrarse a finales del año pasado y que el CNE decidió posponer para «finales del primer semestre» de este año, aunque hasta ahora no ha anunciado fechas.
Esto, según el funcionario, ayudaría «a aliviar la conflictividad y la crisis generalizada que existe en el país».
El presidente Nicolás Maduro anunció el 1 de mayo su intención de reformar el marco jurídico vigente, aprobado en 1999, a través de una Asamblea Nacional Constituyente conformada por diputados que serían elegidos en votaciones territoriales y sectoriales.
La opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se negó a participar en este proceso por considerarlo fraudulento.
