Protesta en chrysler
Los portones fueron encadenados por la empresa para evitar el ingreso de los empleados que denuncian el abuso. (Foto: Rafael Freites).
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Con cautela, Omar Chirinos pasó su mano derecha por sus ojos para evitar que las lágrimas lo dejaran en evidencia. A su lado, un compañero con el mismo uniforme de camisa azul y el logo de FCA-Chrysler de Venezuela se dio cuenta. Le dio tres palmadas en el hombro izquierdo y respiró profundo para no llorar. Estaban justo en la puerta de la empresa de la que aún son parte de la nómina, pero no saben hasta cuándo. “La gerencia está dando grandes pasos para el retiro de la firma del país”, escucharon junto al grupo de más de 200 trabajadores. Todos se lamentaron. Algunos bajaron la mirada, otros se fueron molestos, y unos cuantos sumaron más lágrimas a las de Omar.

Las palabras eran de Christian Pereira, secretario general del sindicato, quien desde 2013, en su rol de presidente del la Federación Unitaria de Trabajadores Automotrices, Autopartistas y Conexos (Futaac), había advertido que la industria estaba colapsando. Nadie lo escuchó. En ese momento parecían exageraciones. Ahora, los hechos le dan la razón.

El personal de la empresa tiene cuatro semanas con los salarios suspendidos, no hay materia prima en los almacenes para el ensamblaje, en 2016 las líneas de producción se encendieron para armar apenas 27 unidades, número que representa menos de la mitad de la capacidad diaria de la planta, y durante de lo que va de 2017 no ha salido al mercado ningún vehículo de esas instalaciones, ubicadas en la Zona Industrial Municipal Norte de Valencia, en Carabobo.

Ya la crisis se había traducido en la más severa que había tenido que enfrentar la compañía. Sus trabajadores saben que no tiene fluidez de caja. Es fácil llegar a esa conclusión cuando desde 2012 la caída en la manufactura ha sido de 99,71%. “Están tan mal económicamente que ni siquiera pueden armar paquetes de retiro del personal. No tienen ni para liquidarnos”, aseguró Pereira.

Pero la mañana del jueves 23 de febrero el temor de los trabajadores se acentuó. Omar Chirinos y sus más de 400 compañeros que no estaban bajo la figura de suspensión laboral no pudieron entrar a la empresa. Dos cadenas con candados en las puertas de acceso se lo impidieron. El personal de seguridad solo les repetía que por órdenes de la gerencia nadie podía entrar.

Fue una norma aplicada incluso para los proveedores de limpieza, mantenimiento, servicio técnico, ni a los trabajadores de la oficina bancaria que funciona en el lugar. Tampoco se les permitió la entrada a la dirigencia sindical que tiene en sus oficinas las computadoras e informes que debían llevar a reunión en el Ministerio del Trabajo ese día, para sentarse en la octava mesa de discusiones del año, de las que no han tenido ningún resultado favorable.

110 Grand Cherokee se mantienen desde noviembre en las líneas de pintura, justo en las que por 11 años ha prestado servicio Chirinos. No han salido al mercado, pese a ser parte del convenio de venta en dólares con inversión de los dueños de concesionarios, tras el acuerdo firmado con el Ejecutivo el 16 de marzo de 2016,  porque hay sellos que están vencidos. Sin embargo, el personal iba a cumplir horario y a gozar del beneficio del comedor “porque con un salario 800% por debajo de lo que establece la convención colectiva y, ahora con la suspensión de los mismos, no tenemos para comer en nuestras”. Algunos de ellos se llevan a cas  parte del plato que le sirven para darle algo a sus hijos en la cena.

 




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