La revista Semana sigue revelando, en exclusiva, los detalles de la solicitud que la Procuraduría le acaba de hacer a la JEP para que se amplíe el testimonio de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, el exlíder del Clan del Golfo que pasa sus días con uniforme naranja, en una celda oscura en Florida, Estados Unidos.
Sin duda alguna, muchas víctimas y familiares esperan la verdad ante los estrados judiciales de parte de uno de los capos del narcotráfico más buscados en su momento y quien fuera la cabeza del Clan del Golfo, cuyo final fue la extradición a Norteamérica.
Precisamente, su traslado a Estados Unidos significaría impunidad para muchos y poca verdad para sus víctimas y las familias de las víctimas. Sin embargo, nada más lejos de la realidad que esto.
Pagos al Ejército para operaciones conjuntas
Semana conoció un explosivo documento de once páginas con el que la Procuraduría le pide a la sala de Reconocimiento de Verdad, de la JEP, coordinar con autoridades colombianas y estadounidenses la ampliación de testimonio de Darío Antonio Úsuga David. En uno de los apartes del documento, el Ministerio Público busca indagar la posible financiación de paramilitares a militares para operaciones conjuntas:
“Preguntar si a la fecha recuerda de hechos victimizantes de falsos positivos; si recuerda de hechos de pago de dinero a la fuerza pública por parte de las AUC, por operativos realizados en coordinación con estos, qué otros hechos recuerda que la Casa Castaño haya realizado en la región de Urabá, qué más sabe de la guerra desatada de las AUC contra grupos de la ‘Oficina’ en el sector del Bajo Cauca, Medellín y Córdoba, ampliar la información sobre que otros acontecimientos se dieron contra pueblos indígenas, afrodescendientes y grupos étnicamente diferenciados, entre otros”, se lee en el documento que fue revelado por Semana.
El Ministerio Público argumenta en su solicitud de ampliación del testimonio que Úsuga David es pieza clave en el esclarecimiento de verdad en tres macrocasos: el 03 (crímenes cometidos por los agentes de Estado que habrían presentado a más 6 mil 400 colombianos como guerrilleros dados de baja en combate cuando no lo eran), el 04 (relacionado con la situación territorial de la región de Urabá) y el 06 (sobre la victimización de miembros de la Unión Patriótica).
La utilidad de su testimonio no ha desaparecido, pues a pesar de la extradición ha estado atento a los llamados de la JEP para brindar sus aportes a la verdad.
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