SIP
(Foto referencial)

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó la nueva “Ley contra el odio” aprobada en Venezuela al calificarla como ambigua y una “coartada” del presidente Nicolás Maduro para acabar con la ya “debilitada libertad de expresión”.

La iniciativa criminaliza la disidencia y borra de raíz dos de los derechos más preciados en una democracia, la libertad de asociación y la libertad de expresión, aseguró este jueves el presidente de la SIP, Gustavo Mohme.

La SIP precisó que la ley castiga con penas hasta de 20 años de cárcel por “incitación al odio”, condición que se puede atribuir a manifestantes en la vía pública que protestan contra el Gobierno o que expresen críticas y opiniones en redes sociales y medios de comunicación.

La novedad peligrosa de esta ley es que permite al Gobierno ensañarse contra los ciudadanos comunes que protestan o que se expresan en las redes sociales, manifestó Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.

Recordó que esa pelea hasta ahora estaba más enfocada contra la oposición política, los periodistas y medios independientes.

La organización, con sede en Miami, lamentó que la iniciativa aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente este miércoles amenaza con el cierre a medios y la “ilegalización a partidos políticos que promuevan el fascismo”.

El régimen sigue así reglas que le posibilitan legitimar su autoritarismo, expresó Mohme. La medida establece encarcelamiento de 10 a 20 años a “quien públicamente incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político”.

La ley además prevé la posibilidad de castigar con penas de ocho a 10 años de prisión a los policías y militares que no persigan estos delitos de odio, la misma medida que se aplicará al personal sanitario que discrimine a la hora de prestar atención.

La polémica ley fue solicitada por Maduro a la Constituyente oficialista para acabar con los supuestos mensajes de “odio” que, según el oficialismo, dispararon la ola de protestas antigubernamentales que sacudieron el país entre abril y agosto y que dejaron más de 120 muertos.




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