(Foto Dayrí Blanco)

Dayrí Blanco | @DayriBlanco07

Hay muchas preguntas sin respuestas entre los más de 200 trabajadores del Consorcio Industrial Venezolano de Tecnología China (Civetchi). Ellos conocen bien la planta ubicada en la Zona Industrial de Valencia y saben que hay materia prima para el ensamblaje de tres mil vehículos. Lo que no entienden es por qué la producción tiene más de 11 meses paralizada.

Su exigencia es clara: “Queremos producir”, gritan a diario en las puertas de la empresa con pancartas que tienen mensajes como el llamado al gobernador Rafael Lacava a que llegue al lugar con el carro de Drácula.

En los almacenes hay material SKD (Semi Knocked Down) importado del país asiático, para la fabricación de unidades tipo sedan y camiones, además de los tan necesitados en la entidad microbuses y buses de 32 y 26 puestos. “También hay 102 chasisbuses que se hicieron el año pasado y no se han enviado a las carroceras”, denunció Johan Sarmiento, secretario general del sindicato.

En 2011 fue creada Civetchi con participación de 51% de las acciones del Gobierno y 49% de inversionistas privados. En 2015 fue intervenida y en febrero de 2017 nacionalizada. En sus patios se puede ver claramente una flota de camiones ya listos para circular. “Ya fueron comercializados pero no se han entregado porque quieren aumentarle el precio”.

En los almacenes hay material SKD (Semi Knocked Down) importado del país asiático, para la fabricación de unidades tipo sedan y camiones. (Foto Dayrí Blanco)

Los trabajadores señalaron directamente al mayor Eduan Rodríguez, presidente de la junta interventora de esta crisis productiva. “Nos da lástima ver a nuestros compatriotas carabobeños trasladándose en camiones por falta de transporte público, cuando nosotros podemos producir aquí las unidades que hacen falta”.

El temor de la nómina de 261 personas es quedarse sin empleo de repente. “Estamos viviendo de las finanzas de la empresa que no sabemos si lleguen a enero”. Sus beneficios han cambiado. No reciben los aumentos salariales decretados por el presidente Nicolás Maduro ni cuentan con contrato colectivo.




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