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Hay antónimos prácticos, en las empresas del Estado las evidencias sobran. Los trabajadores de Industrias Diana lo confirman cada día con el derrumbe de la producción en el lugar y acciones que se oponen a las directrices dadas desde el alto Gobierno. La gerencia es señalada como responsable. Su destitución hace eco entre cada una de las líneas de manufactura, en su mayoría paralizadas, de esta empresa “recuperada”.

Nada se parece a lo prometido por el presidente fallecido Hugo Chávez aquel 2 de junio de 2010. La idea era convertir a Industria Diana en una planta que diera todo de sí de acuerdo a sus capacidades que al 100% de operatividad puede aportar 18% del Producto Interno Bruto (PIB) de Carabobo. Pero la detención  de dos de sus líneas más importantes (jabonería y manteca), proyectos inconclusos, maquinaria obsoleta y dañada, y una merma en la  producción de más de 40% han hecho que la historia sea otra.

“Tenemos una gerencia fascista que debe ser destituida a investigada”

Rexol Acevedo, presidente de la Comisión Alba-Mercosur y trabajador de la empresa fue tajante al denunciar: “Tenemos una gerencia fascista que debe ser destituida a investigada” dijo al referirse a Luis Javier Gámez González, quien preside la junta directiva de la compañía qué pasó colocar en el mercado seis mil toneladas mes de toda su gama de productos, de una capacidad de más de nueve mil.

Son diversas las irregularidades presentadas en Industrias Diana. Una de las más grave es la reventa con entre 30% y 40% de sobreprecio de insumos importados que les suministra la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (CASA), pese a que la empresa cuenta con licencia de importación. A esto se le suma que el suministro de materia prima como crudo de aceite de palma y de soya sea cada vez más deficitario.

También hay algunas señales claras de corrupción. Acevedo recordó que en 2013 el mandatario Nicolás Maduro aprobó un punto de cuenta por 76 millones de dólares para la construcción de una refinería que aportaría al mercado nacional 70% de aceites y grasas. “No sabemos dónde está ese dinero y la obra está a pasos de morrocoy”.

El poder popular también ha quedado a un lado en esta empresa recuperada y administrada por el Gobierno desde mediados de 2008. Hace dos años les suspendieron a los 40 consejos comunales los códigos de despacho que tenían para la venta de los productos en sus comunidades. Nadie les dio explicaciones.

Tampoco han recibido argumentos los más de 50 trabajadores que han sido despedidos de manera injustificada, ni los 30 de la red de Abastos Venezuela que recibieron orden de reenganche y no ha sido ejecutada. Las condiciones laborales están en franca desmejora. Desde hace seis años no se discute contrato colectivo y les han suspendidos algunos beneficios. Esto ha redundado en que un grupo de más de 200 personas hayan aceptado paquetes de retiro, calculados en 550 mil por año de servicio “en una práctica capitalista que rechazamos”.

La exigencia del personal es clara. No  hay tregua posible. Ellos piden la destitución de Gámez González y el resto de la junta directiva, que la Contraloría General de la República realice una investigación, y que el ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres, y el vicepresidente, Tareck El Aissami, visiten la planta para que constaten las denuncias de lo que para ellos se ha convertido en el antónimo del socialismo.




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