Un informe presentado por le ONG Transparencia Venezuela destaca que, mientras en el mundo se debate sobre cómo lograr que los gobiernos publiquen más documentos presupuestarios, en Venezuela crece la opacidad gubernamental en torno al uso del dinero público.
Este lunes 16 de diciembre de 2019, la cuestionada Constituyente aprobó la Ley de Presupuesto y la Ley Especial de Endeudamiento para el ejercicio fiscal 2020, sin difundir siquiera los montos autorizados.
La asociación civil no política señala que, por cuarto año consecutivo, la gestión de Nicolás Maduro violó el artículo 313 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece que los proyectos de presupuesto y de endeudamiento deben ser entregados a la Asamblea Nacional para su discusión y posterior aprobación. El Ejecutivo insiste en que el Parlamento está en desacato.
“Esto (la Ley de Presupuesto) tiene entre los trámites pasar por la Asamblea Nacional, el gobierno nacional lo debe presentar a la AN, pero es bien sabido para el país y para el mundo que la AN, si bien existe como institución, tiene una Junta Directiva en desacato por lo que uno no sabe a quién escribirle para este fin”, afirmó Diosdado Cabello, presidente de la Constituyente al momento de aprobar las leyes.
El supuesto desacato ha servido como excusa para que, desde 2017, el Ejecutivo mantenga oculto el presupuesto. Pese a que el Reglamento de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público establece que la síntesis de la Ley de Presupuesto debe ser publicada en gaceta oficial, esto no ha ocurrido, explica el informe.
Según la Gaceta Oficial No. 41.301 de diciembre de 2017, la síntesis del presupuesto 2018 sería publicada en la gaceta oficial No. 6.347, pero nunca se tuvo acceso a ella. Igualmente, de acuerdo con la Gaceta Oficial No. 41.550 de diciembre de 2018, la síntesis de presupuesto de 2019 sería publicada en la Gaceta Oficial No. 6.416. Ninguna de esas gacetas se encuentra en el portal web de la Imprenta Nacional y Gaceta Oficial. Tampoco están disponibles en físico en la oficina del ente.
Los ciudadanos no han tenido acceso al presupuesto nacional, no han podido conocer sus proyectos ni como éstos tendrán un impacto en su vida, tampoco pudieron tener acceso a la distribución general del gasto, ni a la información general de los ingresos nacionales que debe ser mostrada en la síntesis de presupuesto.
Ante este pandemonio, Trasparencia Venezuela demanda:
- Conocer cuáles son los proyectos que están contemplados en la ley
- Cuáles son sus objetivos
- Cuántos recursos se asignan para su ejecución
- Qué resultados se esperan obtener, y
- Quiénes son sus responsables, tal como lo establece la Constitución
También exige conocer cuáles fueron los supuestos macroeconómicos que se usaron para la construcción de la Ley de Presupuesto y la Ley especial de Endeudamiento para el próximo año.
No se puede olvidar que en los últimos 12 años el Ejecutivo ha optado por subestimar las leyes para terminar asignando recursos de manera discrecional, a través de créditos adicionales que desde 2016 tampoco pasan por la Asamblea Nacional.
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